El Instituto Nacional Electoral (INE) en Yucatán está dando pasos significativos hacia la inclusión en el proceso electoral, presentando herramientas y convocatorias que permitirán a personas con capacidades diferentes desempeñar roles activos como observadores electorales e incluso fungir como funcionarios de casilla si resultan seleccionadas.
Durante el foro «Participación sin Discriminación», María Teresa Vázquez Baqueiro, directora general del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado (Iipedey), destacó que no hay restricciones en cuanto al grado de discapacidad, asegurando que todas las personas pueden ser actores activos a lo largo de los tres meses que dura el proceso electoral.
Luis Alvarado Díaz, vocal presidente de la Junta Local del INE, compartió que el camino hacia la inclusión ha sido gradual y, afortunadamente, progresivo. Se ha implementado para beneficiar a grupos sociales que enfrentan discriminación y, más recientemente, se ha extendido a personas con diversas discapacidades.
Como ejemplo, recordó que cada mesa de votación tendrá una mampara especial, para garantizar el secreto del voto de personas bajas o que acudan con sillas de rueda.
Se busca que las casillas tengan rampas para personas con discapacidad y, en el caso de las personas con discapacidad visual habrá folletos en Braile para que aprendan los lineamientos básicos para ser funcionarios de casilla.
Previamente al inicio del foro, en las instalaciones del INE en Mérida, se formalizó un convenio entre el INE, el Iipedey y las organizaciones civiles «Vamos Juntos», «Paso a Pasito» y «Terapeuta Unidos con Discapacidad». Este acuerdo tiene como objetivo garantizar la plena participación de personas con discapacidad en el proceso electoral en curso.
María Teresa Vázquez señaló que existe un considerable interés por parte de este sector de la población en participar activamente en el proceso electoral. Informó que el 17.9% de la población en Yucatán tiene alguna discapacidad, y de ellos, el 25% son menores de edad. Esto implica que el 75% de las personas con discapacidad podrían ejercer su derecho al voto y participar activamente en el proceso electoral de 2024.
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