El Iepac deberá fijar las facultades, obligaciones, atribuciones y presupuesto de ese organismo autónomo
En próximas sesiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) se tomarán los acuerdos correspondientes de los lineamientos y presupuesto de la Defensoría Pública de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres, comentó el presidente del organismo electoral, Moisés Bates Aguilar.
–No solamente es fijar facultades, obligaciones y atribuciones sino también tendrá un costo al presupuesto del instituto electoral y eso en teoría se verá reflejado en el próximo ejercicio fiscal del 2024 –precisó el consejero presidente, quien recordó que ese organismo fue aprobado para su creación por el Congreso del Estado el pasado 24 de junio.
El Poder Legislativo encomendó al Iepac que tiene un plazo de 60 días hábiles para fijar los lineamientos bajo los cuales operará la defensoría, que a su vez será un órgano desconcentrado del Instituto, con autonomía técnica y de gestión.
La Defensoría tendrá por objetivo otorgar servicios gratuitos de defensa y asesoría en materia electoral, a petición de parte, a las personas que pertenezcan a grupos en situación de discriminación o desventaja histórica, así como a otras que lo justifiquen al solicitar el servicio.
La creación de esta defensoría pública obedece a la necesidad de no dejar en estado de indefensión a las personas pertenecientes a grupos vulnerables, como lo pudieran ser las personas pertenecientes a la comunidad indígena maya, personas de la comunidad LGBTIQ+, personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes, mujeres que sufran algún tipo de violencia política en razón de su género, personas migrantes y demás, aseveró.
Con un órgano público, a los grupos vulnerables contarán se les proporcionará servicios de defensa y asesoría jurídica en materia de sus derechos políticos-electorales, así como orientación sobre el origen y alcance de esos propios derechos, pues la garantía, el reconocimiento y salvaguarda de los derechos político-electorales de aquella población de atención prioritaria, guarda suma importancia para lograr su integración plena a la vida de la comunidad y, en consecuencia, lograr la realización de los planes y expectativas de vida que las personas formulan para sí mismas, de acuerdo con la diversidad de la composición social, explicó.
A pesar de que ya existen este tipo de defensorías en otros Estados de le República, encargadas en su mayoría a los tribunales electorales, en el caso de Yucatán será por una disposición legal en la que el Instituto Electoral Local adquiera dicha responsabilidad.
«Hay un estado como Chihuahua que ya lo ha hecho por un acuerdo del propio Instituto, pero en caso de Yucatán es la única legislación electoral de todo el país, que le otorga esta atribución a un instituto electoral del Estado y nosotros estamos dispuestos a cumplirla en favor de los derechos políticos de los ciudadanos», señaló.
About The Author
