Ante un estado alto en violencia e impunidad, la Codhey ha decidido guardar silencio
Agrupaciones feministas, así como simpatizantes tomaron de manera simbólica las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán para exigir justicia por la violencia de género y los feminicidios ocurridos en la entidad.
“También tenemos la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), el cuál debería ser un organismo sensible y efectivo, capaz de generar la confianza y acción conjunta de la ciudadanía y sus organizaciones, para garantizar en todo el estado de Yucatán el respeto a los Derechos Humanos.
Su misión debe ser el proteger, defender, promover y estudiar los Derechos Humanos en todo el territorio del Estado de Yucatán, mediante un servicio integral permanente y sensible a la ciudadanía y organizaciones. “Entre sus tantas funciones están: El recibir quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos por actos u omisiones de cualquier naturaleza imputables a cualquier autoridad o servidor público; conocer e investigar a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones a los derechoso humanos, formular recomendaciones públicas no circulatorias; acudir ante los organismo internacionales de protección de los derechos humanos, ante el incumplimiento de las recomendaciones de la comisión o cuando se cometan violaciones graves a los derechos humanos del estado. Sin embargo, ante un estado alto en violencia e impunidad, la Codhey ha decidido guardar silencio”, señalaron.
Las activistas colocaron una cinta amarilla en las instalaciones para luego gritar consignas contra los tres niveles de gobierno, el Ombudsperson yucateco Miguel Óscar Sabido Santana y la Iglesia. “Sí Henrietta viviera, con nosotras estuviera/ Sí Glady viviera, con nosotras estuviera/ Sí Fernanda viviera, con nosotras estuviera/ Sí Norma viviera, con nosotras estuviera”, gritaron las participantes para exigir justicia por las ocho víctimas de feminicidio.
También protestaron por el Tren Maya, el aumento de empresas y proyectos inmobiliarios, el anuncio del Estadio Sostenible de Yucatán, será con capital privado; el mal sistema de transporte público y el manejo de la pandemia de Covid-19. Al grito de “Ni una menos”, las feministas exigieron al Estado y a la Codhey, una postura que detenga la criminalización de la protesta y que reconozca y atienda las denuncias que se realizan ante la grave situación de violencia que viven las mujeres en la entidad.
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