El secretario de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán, Rafael Combaluzier Medina, señaló que la crisis económica ocasionada por el Covid-19 podría incentivar más la pesca furtiva.
“Lo está haciendo. Actualmente lo estamos detectando, al día estamos metiendo cuatro o cinco denuncias de gente que en redes sociales anuncia la venta de pulpo fresco. Pero, no tenemos las atribuciones como gobierno estatal para actuar en consecuencia sólo dependemos que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Conapesca hagan sus deberes”, comentó.
Celestún y Dzilam de Bravo son los principales municipios en los que se han prendido las alarmas por el furtivismo. En contraste, Progreso ha reducido sus niveles de pesca de especies en veda.
Combaluzier Medina mencionó que han rastreado a los compradores de pesca furtiva. “El problema es que nosotros como Estado no podemos entrar a sus instalaciones porque es un delito federal. La autoridad federal es la que entrará al establecimiento persiguiendo un delito federal, no es un delito que pueda perseguir el Estado”, explicó.
El funcionario estatal reconoció que le faltan atribuciones jurídicas para perseguir a quienes cometan ese tipo de infracciones, pero nunca se concretó el acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).
“No se llegó a un acuerdo con el gobierno federal. No lo ha aceptado. Ni con este Estado ni con otro. Hubo otras entidades con la administración anterior que tenían esos convenios, pero ya se suspendieron. Actualmente no hay convenio con ningún estado en materia de vigilancia”, comentó.
Sobre la derrama económica que deja esa actividad ilegal, Combaluzier Medina dijo que es incalculable. “Es un buen dato que tendríamos que hacer el dato. Es complicado porque, hasta los permisionarios, tienen cierta cantidad que es furtiva. No sólo no es la pesca legal, sino la que no declara. Hay mucha gente con permisos, pero no declara lo que pescó”, dijo.
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