MÉRIDA, YUCATÁN A 22 DE MARZO DE 2021.– En el marco del Día Mundial del Agua, los integrantes de la Asamblea Socioambiental Peninsular, el Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán y el Movimiento Agua para todos, agua para la vida, exigieron a los legisladores de la Península de Yucatán la aprobación de la nueva Ley General de Aguas. Los activistas mencionaron que la actual Ley Nacional de Aguas no contiene ningún concepto o trato especial pertinente a los acuíferos kársticos, como el de la Península de Yucatán. El acuífero de la región, detallaron, es altamente vulnerable a la contaminación, debido a su cercanía a la superficie; suelos con muy poco espesor, por lo que no existe un sustrato para filtrar o retener la infiltración de contaminantes, presencia de ductos de disolución de alta permeabilidad (ríos subterráneos), que tienen capacidad de trasportar contaminantes en el orden de varios kilómetros por día; frente de mar que representa intrusión marina hacia el acuífero; inyección de agua tratada proveniente de los procesos de aguas residuales, procesos industriales porcícolas, plantas desalinizadoras, y pozos de absorción de agua de lluvia sin tratar y sobreexplotación para actividades industriales y la infiltración de lixiviados por desechos sólidos mal tratados. Específicamente en Yucatán, se vulnera el derecho al agua de la ciudadanía y comunidades al dar autorizaciones a grandes corporaciones de granjas porcícolas, que están asentadas en zonas de alta conectividad hídrica y cerca de áreas naturales protegidas, concesiones de extracción de agua a cerveceras o refresqueras. Las autoridades ambientales, no tienen la capacidad de responder de manera oportuna a las denuncias y los procesos de autorización no tienen manera de verificar la veracidad de los expresados en las manifestaciones de impacto ambiental, señalaron. A nivel local, los activistas solicitaron al gobierno estatal y al Congreso de Yucatán que se legisle, que expidan los reglamentos y normas para que dejen de aprobarse proyectos altamente contaminantes del acuífero. “Que municipios y gobierno estatal se responsabilicen del suministro efectivo del agua potable y saneamiento en las comunidades y no sea solo una simulación, que estos servicios básicos dejen de ser un botín de empresas, funcionarios y políticos. “Tomando en cuenta que el agua de la Península sigue y seguirá contaminada por la vulnerabilidad natural de nuestros sistemas kársticos, por las prácticas no sostenibles y contaminantes sobre el recurso hídrico y por la violación sistemática a la legislación ambiental, amén de una ausencia de monitoreo de calidad del agua e inspección seria y profesional a las empresas contaminantes, exigimos que se legislen políticas estatales y federales para la gestión sostenible del agua”, añadieron. El derecho al agua, se ha convertido en un gran negocio en las zonas más pobladas del país. En muchos lugares, la manera de obtener agua es comprarla embotellada o en pipas. Volvieron al agua en una mercancía más. Para obtener agua se compran y venden derechos del agua concesionada. Para engordar el negocio se agotan los mantos y no se garantiza el agua a las generaciones futuras, precisaron.
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