Después de una prolongada espera, la comunidad maya de Ixil celebró la emisión de una suspensión provisional por parte del Juzgado primero de Distrito de Yucatán, que deja sin efecto una orden de aseguramiento emitida por la Fiscalía General del Estado. La orden, implementada mediante un operativo violento en agosto pasado, resultó en el cierre de cientos de hectáreas de tierras comunitarias cultivadas por familias indígenas y campesinas.
La suspensión provisional llega tras los intentos de las familias Abimerhi y Millet, vinculadas políticamente al Gobernador Mauricio Vila Dosal y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, de apropiarse de las tierras comunitarias para avanzar en un megaproyecto inmobiliario. La orden de aseguramiento, emitida bajo una supuesta investigación desconocida por la comunidad, se utilizó para despojar a la comunidad maya de Ixil en favor de intereses económicos elitistas.
La orden de la Fiscalía impidió la instalación de un sistema colectivo de riego fotovoltaico planificado como parte de un proyecto de investigación financiado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONACYT). A pesar de la orden, tres sistemas de riego colectivo fotovoltaico ya están instalados, y otros proyectos comunitarios avanzan en las tierras aseguradas.
La suspensión provisional permite a la comunidad de Ixil abrir nuevamente los caminos cosecheros para acceder sin restricciones a las tierras de cultivo y a los proyectos comunitarios. Aunque es provisional, sienta un precedente para una posible suspensión definitiva que garantice el acceso de la comunidad a su territorio hasta la resolución del juicio de amparo.
Este logro destaca la lucha constante de la asamblea comunitaria de Ixil en defensa del territorio y el medio ambiente, enfrentándose a despojos de tierras y megaproyectos. La comunidad reafirma su compromiso en la defensa del territorio, buscando dejar a las generaciones futuras un futuro con calidad de vida, identidad y dignidad.