El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI planteó que se garantice la autonomía presupuestaria del Poder Judicial y la creación de más juzgados para conseguir una verdadera modernización del sistema judicial en Yucatán.
El Grupo Parlamentario del PRI, a través de su coordinador Gaspar Quintal Parra, presentó cinco propuestas a la Reforma del Poder Judicial encaminadas a dignificar los derechos y fortalecer los procesos de profesionalización de los trabajadores judiciales, así como para robustecer la autonomía e independencia de este Poder con la finalidad de acercar la justicia a la población yucateca.
El diputado señaló que las propuestas garantizarán el trato digno y justo para las personas que han hecho que el Poder Judicial vele por los derechos de quienes habitan Yucatán, además de que son acciones que en realidad implicarán una verdadera reforma integral para conseguir un sistema judicial moderno que todos necesitamos.
Recalcó que esta contrapuesta del PRI a la Reforma Judicial pone acento a la base trabajadora, porque es el rostro de la justicia cotidiana que se imparte en Yucatán.
Al entregar las propuestas en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado, explicó que un Capítulo está relacionado con la protección y garantía de los derechos humanos y laborales, la cual fue elaborada de la mano del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial.
En específico, planteó la creación de un nuevo modelo de solución de conflictos laborales entre el Poder Judicial y sus servidores por medio de un nuevo órgano independiente e imparcial; y que se establezca un recurso judicial efectivo en contra las decisiones en materia laboral del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura que pudieran afectarlos
Además, un nuevo modelo de carrera judicial que se regirá por los principios de excelencia, imparcialidad, independencia, objetividad, y profesionalismo para permitir el ascenso de los funcionarios a partir de sus capacidades y méritos.
“Una verdadera modernización debe asegurar la autonomía e independencia del Poder Judicial, un sistema robusto de selección y formación de su capital humano; los suficientes recursos para la profesionalización de las y los servidores públicos; la implementación de tecnología y sistemas informáticos de última generación para dar celeridad a los trámites y servicios; abrir canales de comunicación interinstitucionales para el logro de la justicia; y fortalecer la capacidad técnica y administrativa de los diversos órganos del Poder Judicial”, señaló.
Gaspar Quintal de igual forma propuso que se determine la autonomía presupuestaria del Poder Judicial garantizando los principios de imparcialidad e independencia, es decir, que la determinación de su presupuesto le corresponda de forma exclusiva para evitar la intromisión, la dependencia y la subordinación de un Poder del Estado a otro.
Asimismo, el coordinador de la bancada del PRI propuso la creación de dos nuevas Magistraturas y la ampliación de más juzgados de primera instancia, ya que es ahí en donde se dirimen de primera mano los conflictos de la ciudadanía y se les da solución, y por lo tanto, es donde estadísticamente se requiere un mayor número de funcionarios judiciales.
En ese sentido, recalcó que para modernizar el Poder Judicial es necesario aumentar el número de jueces, de operadores judiciales en primera instancia, crear más sedes para acercar la justicia a la gente, y mejorar las prestaciones de quienes todos los días trabajan por pacificar a la sociedad mediante la resolución de los conflictos penales, civiles, familiares, mercantiles y en breve, laborales.
Para conseguirlo, planteó que en la elaboración del Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio fiscal 2023, el Consejo de la Judicatura deberá contemplar la creación de nuevos juzgados de primera instancia, su ubicación y la materia o materias de las que deban conocer, considerando criterios de contratación de personal idóneo.
Por último, el legislador del PRI propuso eliminar los artículos transitorios de la Reforma que afecta los derechos adquiridos de magistradas y magistrados en servicio activo relacionados con sus pensiones, y el que tiene que ver con su retiro forzoso a los 70 años de edad o a los 30 al servicio del Estado, ya que se tratan de criterios discriminatorios.
“Estamos seguros de que la modernización del Poder Judicial es impostergable, pero a través de acciones que en realidad sean para la modernización, con el presupuesto suficiente para echar a andar proyectos de proximidad con la ciudadanía, la transformación de los servicios y sedes judiciales, la implementación de estrategias para brindar servicios que satisfagan a las y los justiciables y a quienes ejercen la abogacía”, finalizó.
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