Denuncias penales y acusaciones de irregularidades sacuden a la Alianza de Camioneros de Yucatán

Socios y permisionarios de la Alianza de Camioneros de Yucatán (ACY) han presentado denuncias penales contra su presidente, Arturo Rodríguez Berzunza, y el tesorero, Alfonso Ramírez Ojeda, por presuntas irregularidades en la administración y el manejo del subsidio otorgado por el gobierno estatal en los últimos cuatro años, ascendiendo a más de 238 millones de pesos.

Más de 25 miembros de la organización Camioneros Aliados S.C.P., que reúne a unos 170 socios, han expresado su preocupación por la falta de transparencia y la falta de información sobre la venta de activos a la empresa ADO, así como sobre el destino de los recursos públicos entregados a la ACY desde 2020 para evitar aumentos en las tarifas de transporte, en detrimento de los usuarios.

Según el abogado de la organización, Gabriel Ramayo Duarte, mediante el Programa de Apoyo al Gasto Familiar, la ACY y Camioneros Aliados recibieron subsidios que ascendieron a 86.1 millones de pesos en 2020, 86.9 millones en 2021, más de 56.3 millones en 2022 y 6.069 millones en 2023. Sin embargo, las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado alegan que no se ha proporcionado información sobre el destino y la aplicación de estos fondos.

Durante una conferencia de prensa, los socios y su abogado señalaron la supuesta mala administración de la ACY, la falta de información sobre la venta de unidades concesionadas y la ausencia de dividendos por la venta de activos a la ADO. Alegan que los socios cercanos al presidente de la alianza controlan la mayoría de las rutas de transporte y unidades, mientras que otros socios se sienten defraudados y exigen transparencia sobre sus inversiones.

Los afectados también han levantado denuncias por presuntos cobros indebidos y falta de transparencia en la gestión financiera de la ACY. Lamentan la lentitud en la procuración de justicia y piden la intervención del gobierno estatal para abordar este asunto que afecta a la comunidad de camioneros y usuarios del transporte en Yucatán.

Otros 40 socios son “incondicionales”, otra cantidad “sumisos”, y el resto son los “inconformes”, los que reclaman los recursos económicos tanto de su patrimonio invertido, tanto en la concesión como en el costo de las unidades, expuso el abogado. Ramayo Duarte mencionó que la venta del patrimonio de ACY a la ADO se hizo sin consultar a los socios e incluyó las dos escuelas, la terminal y las unidades de transporte sin que hasta el momento hayan recibido remuneración alguna o cuando menos información sobre sus inversiones. Diversos socios se pronunciaron en ese sentido, entre ellos Sandra Pérez, Karen Ancona, Carlos Ancona, Juan Antonio Ramírez, René Gonzáles y Claudia Ramírez, entre otros, quienes afirmaron que esta situación ha afectado su patrimonio, pues sienten que han sido defraudados y no tienen certeza alguna para recuperarlo.

Negaron haber sustraído 13 unidades del depósito de la ACY en febrero de 2023, como lo señala Rodríguez Berzunza, a quien a su vez acusaron de no expedir los certificados de comodato o concesión a los propietarios de las unidades en circulación. Señalaron al presidente de la alianza de actuar con prepotencia, de negarles información y de imputarlos cobros desorbitantes por actas de asamblea y asesorías, ya que hicieron llegar a las oficinas de los socios varias facturas de supuestos bufetes por más de 15 millones de pesos.

De igual manera, informaron haber solicitado información del despacho de transparencia del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, el cual respondió mediante oficio estar en proceso de cambio por la implementación del Sistema Metropolitano de Movilidad Amable y Sostenible, así como la próxima instauración de la Agencia de Transporte de Yucatán.

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