Saben qué la Institución está quebrada, pero desconocen la situación financiera. Han recurrido al auditor superior del Estado, al que le han enviado tres oficios, los cuales ninguno ha respondido
Derechohabientes del Instituto de Seguridad Social de Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) exigen al auditor superior estatal, Mario Can Marín, que les dé la cara, pues de los tres oficios que le han enviado no ha respondido. En tanto, continúa la incertidumbre de conocer los motivos de la quiebra del organismo público.
En rueda de prensa, la profesora María Eugenia Aranda Echeverría, representante de los maestros en activos de la Coalición de Trabajadores del Estado de Yucatán (Cotrey), señaló que desde el 10 de marzo han enviado los escritos, incluido al jefe del ejecutivo estatal, y nadie ha querido hablar de la situación del Isstey.
–No sabemos el motivo de por qué tanto silencio; queremos una solución al Isstey, no una reforma que nos perjudicará después de tantos años de servicio. Saben quién robó nuestras aportaciones –comentó la profesora, quien se desempeña como supervisora de educación primaria.
La docente mencionó que los problemas del Isstey comenzó en la administración de Ivonne Ortega Pacheco con un boquete financiero de dos mil millones de pesos, qué conforme pasaron los años ha incrementado. «¿Qué han hecho con los 80 millones de pesos, que se recaudan al mes por el producto de las cuotas que pagamos 6,800 jubilados?», cuestionó.
Al no existir respuestas de las autoridades locales, los derechohabientes acudieron al presidente Andrés Manuel López Obrador quien recibió el oficio y turnó el caso a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) para que audite al Isstey de 2007 a la fecha.
«El contador Can Marín no ha respondido», expresó la profesora. Por ese motivo, interpondrán un amparo por el silencio administrativo del auditor y el próximo 1 de mayo marcharán para exigir una solución al Isstey. «La iniciativa no debe entrar al Congreso», expresó.
María Eugenia Aranda insistió que la reforma es perjudicial, ya que les pagarán su pensión en Unidades de Medida de Actualización (UMA’s) y no por veces salario mínimo; se aumenta la edad para la jubilación hasta los 65 años de edad, no cobrarán las cuotas por cesantía y sería retroactivo a partir de su publicación.
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