El diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, opinó que le resulta extraño que la acéfala Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) presentó un mecanismo de control constitucional en contra de la reforma al Poder Judicial que aprobó, por mayoría, el Congreso del Estado para que los integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán (TSJEY) designen las magistraturas vacantes.
El organismo autónomo presentó un mecanismo, denominado Control Previo de Constitucionalidad y fue presentado ante el propio Tribunal Superior de Justicia, con el propósito de obtener la oficiosa del procedimiento legislativo, para frenar la publicación del decreto impugnado, y posteriormente que el Tribunal Constitucional Local se pronuncie sobre el fondo la inconstitucionalidad del decreto aprobado el pasado 28 de marzo por el Congreso del Estado.
El proyecto adolece de vicios graves de inconstitucionalidad que ponen en riesgo el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, al principio de división de poderes y de independencia judicial, como expusieron las diputadas Gabriela González Ojeda y Fabiola Loeza Novelo, de Movimiento Ciudadano y Morena respectivamente, así como el perredista Eduardo Sobrino Sierra.
Entrevistado sobre el tema, el congresista local opinó: “No deja llamar la atención que un organismo que no tiene presidente y esté acéfalo genere este tipo de impugnaciones o controversias por un acto que afecta a dos poderes del Estado y no tiene repercusión en los derechos humanos”.
“¡Qué raro, en época electoral se genera este tipo situaciones!”, insistió el coordinador de la Fracción Parlamentaria del PAN. “¿Quién está detrás de los movimientos que se generan en una comisión que debería estar velando por los derechos humanos en Yucatán? Y no estar otro tipo de arena política”.
A pregunta expresa, el legislador no descartó que haya un trasfondo político en el recurso promovido por la Codhey. “Una reforma que afecta facultades de poderes del Estado tenga la intervención de una Comisión encargada de los derechos humanos”, reiteró.
–¿Se podría leer que es una revancha porque no ratificaron a Miguel Óscar Sabido Santana como Ombudsperson? –se le preguntó al también candidato del PAN a diputado federal por el Distrito 6.
–Yo lo dejaría en la siguiente pregunta: ¿Qué intereses hay detrás y quién está moviendo el recurso promovido por la Codhey? –respondió.
Sin embargo, reconoció, en un Estado de Derecho en donde cualquier autoridad, como en este caso el Poder Legislativo puede ser impugnado, “no tenemos ningún problema. Qué revisen las autoridades jurisdiccionales correspondientes y se determine lo que en derecho corresponda”.
“Ya será el órgano jurisdiccional o la autoridad encargada la que determine la Constitucionalidad o no. Si es lo segundo caso, acatar. Como siempre hemos dicho: ‘Aquí no se restringe ni por un segundo el acatamiento de una autoridad en materia judicial, en ese sentido vamos a seguir actuando”, acotó.
Lozano Poveda descartó que la modificación al artículo 69 fracción VIII de la Constitución Política de Yucatán y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán termine con el equilibrio de poderes.
“Si rompiera con ese equilibrio no se hubieran sumado prácticamente todas las bancadas, con excepción de tres diputados. Lo que vale reflexionar son los argumentos que se puedan esgrimir y quién está detrás de los movimientos que se generan en una Comisión que debería velar por los derechos humanos”, concluyó.
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