- Rafael Echazárreta Torres, quien denunció públicamente a Joaquín Díaz Mena por operar en favor de Claudia Sheinbaum, quiere blindar a Yucatán de prácticas desleales.
Durante los asuntos generales de la sesión ordinaria de ayer martes, el diputado morenista Rafael Echazárreta Torres propuso que el uso de los programas sociales con fines electorales sean considerado un delito grave.
Como recordara, el asambleísta denunció públicamente que el encargado de los programas federales de la Secretaría del Bienestar en Yucatán obligó a funcionarios de la delegación a realizar acciones en favor de Claudia Sheinbaum Pardo, hoy coordinara nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.
Echazárreta Torres propuso modificar el Código Penal del Estado, pues ante el inminente proceso electoral que se realizará en 2024, es necesario que Yucatán esté blindado de las practicas desleales que amenazan a su sistema electoral y establezca en su catálogo de delitos graves el uso de programas sociales con fines electorales.
En abril del 2019, recordó, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa para establecer como delito grave el uso de programas sociales con fines electorales.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales establece la concurrencia de las autoridades federales y locales para la investigación de los delitos. Siendo que los estatales tienen la facultad de investigar y sancionar los delitos electorales cometidos por los servidores públicos locales en las elecciones del ámbito local, señaló.
“Actualmente son mínimas las sanciones efectuadas por las autoridades responsables, estamos hablando que pueden ser millones las personas coaccionadas, compradas o amenazadas para votar por un partido político o candidato, como también que durante los procesos de proselitismo se utilizaron recursos públicos o programas sociales a cambio del voto”, aseveró.
El legislador afirmó que los delitos electorales en el contexto actual no son funcionales por dos motivos, el primero porque no inhiben conductas ilícitas relacionadas con su objeto, y segundo, no se han presentado resultados efectivos en el tema de procuración de justicia penal electoral.
“Es por ello que ante el inminente proceso electoral que se aproxima es necesario que Yucatán se blinde de las prácticas desleales que amenazan a nuestro sistema electoral y establezca en su catálogo de delitos graves el uso de programas sociales con fines electorales”, mencionó.
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