- En máximos 10 días, el Congreso del Estado emitirá la convocatoria para que la sociedad civil haga su convocatoria.
Días antes de que concluya el Quinto Periodo Ordinario Constitucional de la Legislatura 63, el Congreso del Estado nombraría al nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) para los próximos siete años como marca la ley, aseguró el diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo.
“Este caso, no se trata de una terna que envíe el Poder Ejecutivo; ésta tiene que salir de una convocatoria que se genere desde el Congreso del Estado, abierta a la sociedad civil para que se pronuncie y genere propuestas y nosotros aprobar”, comentó el también Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Acción Nacional.
Mario Can Marín, quien debía concluir su periodo en julio del 2024 al frente de la ASEY, envió al Congreso del Estado la carta de su renuncia con motivo personales y crecimiento personal, pues buscaría ser el auditor de la recién creada Agencia de Inteligencia Patrimonial y Economía del Estado.
Lozano Poveda afirmó que aligerarán el proceso para no dilatar mucho la designación del nuevo titular. “Hablamos de más de 20 días, una vez abierta la convocatoria, en la que pueden inscribirse y nosotros tomar la decisión. Después, generar las ternas, dando el derecho de audiencia a todos los interesados y es proceso para aligerar”, señaló.
La Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción deberá emitir el dictamen si acepta o no la renuncia de Can Marín que, a su vez, se regresará al Pleno para la sesión de la próxima semana y en máximo 10 días emitir la convocatoria para que la sociedad civil proponga quienes deben ocupar el cargo.
Los aspirantes tendrán que cumplir con los criterios de idoneidad, es decir, no ser acosadores sexuales, violentadores ni deudores alimentarios. “Porque independientemente si el Congreso puede o no aprobar su nombramiento, el cumplimiento de requisitos es vulnerable a través de juicios y recursos constitucionales para dejar sin efecto cualquier cosa que el Congreso no realice bien”, concluyó.
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