Dulce María Sauri recomendó a los futuros legisladores a construir algún mecanismo reglamentario que obligue a no dejar temas rezagados
La diputada priista Dulce María Sauri Riancho comentó que la 64 Legislatura, que concluye este mes, dejará 46 asuntos rezagados, entre los temas más relevantes están la de expedir la Ley Reglamentaria de Revocación de Mandatos, antes de que se inicie este ejercicio en noviembre de 2021.
De acuerdo con el periódico “Excélsior”, la legisladora federal yucateca señaló que quedan siete tareas relacionadas con las controversias constitucionales presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La agenda de pendientes que requieren ser resueltos en la 65 Legislatura, de manera urgente, corresponden a procesos legislativos inconclusos y que son producto, recordó, de intensos debates y consensos construidos con esfuerzo:
“Expedir la Ley Reglamentaria de Revocación de Mandato; realizar las reformas relacionadas con la elección consecutiva de legisladoras y legisladores; la Ley General de Seguridad Privada; reformar las leyes respectivas en materia del financiamiento de la educación superior, y expedir la Ley General en materia de Personas Jóvenes; la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial; y realizar las adecuaciones normativas en materia de paridad de género respecto a nombramientos de funcionarios”, expuso la expresidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.
Otro pendiente relevante se refiere a la Ley del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social que debió quedar lista desde 2014. “A partir de esta circunstancia, Coneval adquirirá plenamente su carácter de órgano constitucional autónomo”, precisó la parlamentaria.
Dulce María Sauri planteó que, derivado de resoluciones de la Suprema Corte, los futuros diputados deberán expedir el Código Único en materia familiar y civil, cuyo plazo que la Máxima Tribuna estableció para legislar es el primer periodo ordinario de la próxima Legislatura, es decir, el 15 de diciembre de 2021, y la revisión de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y su fundamento constitucional para su correcta implementación, toda vez que los ministros declararon inconstitucionales diversos artículos de dicha ley relacionados con el origen ilícito de los bienes implicados; efectuar la revisión de los artículos declarados inconstitucionales por Corte de la nueva Ley General de Educación, relativos a las comunidades indígenas y afromexicanas. Y realizar las adecuaciones a las leyes generales y federales en materia de justicia cotidiana y solución de fondo de conflictos.
La SCJN, recordó, tiene pendiente resolver las acciones de inconstitucionalidad a la legislación secundaria de la Guardia Nacional en materia de Registro de Detenciones, Uso de la Fuerza y la Ley de la Guardia Nacional.
“No podemos hacer a un lado las definiciones que faltan en materia de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos y la importante reforma pendiente en materia del uso lúdico de la cannabis”, enfatizó.
A los futuros diputados recomendó construir algún mecanismo reglamentario que obligue a la Legislatura que aprueba los regímenes transitorios a no dejar pendientes y cumplir con la armonización, adecuación o expedición en los plazos. “Tal vez se requiere considerar sanciones a las Legislaturas que no cumplan con el mandato o incluso pensar en algún mecanismo que permita a la ciudadanía activar, al interior del Congreso, mediante un procedimiento o solicitud expedita, la priorización de estos pendientes; una especie de iniciativa preferente”, opinó.
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