Por instrucciones del Gobernador Mauricio Vila Dosal, el Consejero Jurídico estatal, Mauricio Tappan Silveira, entrega al Poder Legislativo el documento que contiene la propuesta para su análisis, discusión y posible aprobación
Con mucha anticipación al plazo de 90 días establecido en la reciente reforma a la Constitución Política de Yucatán, para armonizar la ley local en materia educativa, el Ejecutivo del Estado envió este día al Congreso local la iniciativa para una nueva Ley de Educación estatal.
Por instrucciones del Gobernador Mauricio Vila Dosal, el consejero Jurídico, Mauricio Tappan Silveira, entregó la propuesta al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Felipe Cervera Hernández, al presidente de la Comisión Permanente de Educación, Ciencia y Tecnología, Luis María Aguilar Castillo y al secretario General del Poder Legislativo, Martín Chuc Pereira.
La iniciativa de 108 páginas contempla diversas acciones que contribuyen a que el sistema educativo en Yucatán garantice una profesionalización y capacitación continua de las maestras y maestros, y que el estudiante tenga una instrucción inclusiva, humanista, multicultural e integral, en medio de un ambiente seguro.
Ante los nuevos retos educativos, la formación debe contribuir a la sociedad, por lo que esta Ley hace especial énfasis en las bases y los fines de la educación, reforzando el derecho de la capacitación y profesionalización docente y, para el alumnado, fomenta su participación activa en la transformación de la sociedad, así como su sentido de pertenencia y el respeto a otras personas desde la interculturalidad de nuestra sociedad.
Asimismo, con esta nueva ley se pretende lograr el desarrollo integral del estudiante para que éste pueda formar un pensamiento crítico, fortalecer su sentido de solidaridad para combatir la corrupción, discriminación y violencia, así como participar en la construcción de relaciones sociales con base en el respeto a los derechos humanos.
Asimismo, se revaloriza el papel de maestras y maestros, reconociendo su papel como agentes fundamentales de cambio social y estableciendo diversas consideraciones para que puedan lograr una formación continua que les permita desarrollarse personal y profesionalmente.
A su vez, se busca tomar en cuenta la participación de la comunidad escolar en la formación del estudiante, reconociendo el valioso papel que desempeñan todos los actores educativos en ese proceso de formación, así como las decisiones que pueden tomar dentro de la comunidad escolar.
Esta iniciativa contempla mecanismos y consideraciones que refuerzan el deber de la autoridad para garantizar la seguridad y salud física y mental de los alumnos, así como disposiciones que tienen como propósito reconocer a los planteles escolares como establecimientos fundamentales para la prestación del servicio público educativo y el desarrollo comunitario, buscando su dignificación.
Así, se busca implementar y aplicar protocolos de activación de manera más ágil en cuanto a atención sobre violencia emocional o sexual, maltrato infantil, discriminación, en caso de accidentes o, incluso, en caso de sustracción o desaparición de menores, como lo ha aprobado la legislatura actual recientemente.
Además, que exista una participación activa de educandos con docentes, padres y madres de familia y actores involucrados en el proceso de la educación y como mexicanos promueve la unidad nacional, la solidaridad, el valor de la justicia, la educación bilingüe e intercultural, la tolerancia, el respeto, la educación digital y vial.
Para ello, también apoya un sistema estatal de becas, créditos y estímulos para apoyar la permanencia en la escuela de los alumnos.
Los planteles escolares deberán contar con los espacios y ser operativos para los fines de aprendizaje integral y su personal docente y administrativo debe ser capacitado para apoyar el proceso educativo, incluidas personas con discapacidad.
Se retoma lo aprobado en la legislatura actual respecto a la necesidad de contar con Trabajadores sociales para atender problemáticas de índole social, emocional ya sea de acoso o violencia psicológica o física y apoyar a quienes abandonaron los estudios para que los retomen, así como incentivar a los maestros que presten servicios en comunidades aisladas.
Garantizar, además, los planes de estudios actualizados y la educación de los adultos.
Se refuerza la figura del Comité de Transparencia, integrado por autoridades educativas, representantes de maestras y maestros, representantes sindicales y de la sociedad civil, a fin de que trabaje como un vigilante en los procesos de selección, Promoción y otorgamiento de plazas del personal docente y administrativo.
De esta manera, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con Yucatán para trabajar por la educación de las familias del estado a fin de que tengan una formación de calidad y con los mismos derechos para todas las niñas, niños y jóvenes.
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