Penas máximas para feminicidas, movilidad segura y protección a los familiares de las víctimas de violencia son algunas de las propuestas.
Rumbo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre (25N), las legisladoras usaron la tribuna para plantear modificaciones o añadir artículos al Código Penal del Estado de Yucatán con el propósito de proteger a las mujeres, las familias en el caso de las víctimas feminicidio e incrementar hasta 70 años de cárcel para feminicidas.
La diputada sin partido Fabiola Loeza Novelo propuso que se eleve a 70 años de cárcel, en caso de agravantes, y 50 años en pena máxima cuando no haya esa agravante para feminicidas. “Ese desprecio y odio hacia las mujeres no puede tener medias tintas, pues quienes arranquen la vida de una mujer en Yucatán deben permanecer en prisión durante el mayor tiempo posible”, afirmó.
También presentó la iniciativa para que el 9 de marzo sea declarado como “Un día sin nosotras en Yucatán”, para que la presente legislatura institucionalice dicho clamor surgido en 2020. “Basta a la violencia contra las mujeres en Yucatán”, expresó.
Para que la siguiente Legislatura cuente con herramientas que refuercen, fortalezcan y aseguren una verdadera alternancia y paridad en la vida intra parlamentaria, planteo modificar la Ley de Gobierno del Poder Legislativo para que se alterne el género en la presidencia de la Mesa Directiva e incluir la paridad en la integración de las comisiones permanentes y especiales.
Transporte público seguro.
La diputada priista Karla Franco Blanco presentó la iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Yucatán con el propósito de ampliar las penas y sanciones para quien o quienes cometan actos de violencia en contra de las mujeres en el transporte público.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023, Yucatán registra un aumento en el número de víctimas en los últimos cuatro años. “En cifras, la percepción de inseguridad de la población yucateca se encuentra en un 27.1 % cifra que aumento gradualmente respecto de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de 2022”, expuso la legisladora.
En la misma encuesta, se determinó que el 69.4% de las mujeres usuarias expresó sentir inseguridad en el transporte público, “siento este el espacio que se utiliza con mayor frecuencia para el traslado y la realización de sus actividades”. Además, según informes del Secretariado Ejecutivo del sistema Nacional de Seguridad Pública, en Yucatán se han recibido más de 170 denuncias formales por abuso sexual.
El objetivo fundamental de la reforma es hacerle frente a la violencia física y sexual que sufren las mujeres, niñas y adolescentes de nuestro Estado y así poder tener un espacio seguro para la protección de la movilidad de las mujeres.
A dicha iniciativa se suscribieron las diputadas Karem Achach Ramírez, Manuel Cocom Bolio, Dafne López Osorio y Carmen González Martín; del PAN; la morenista Jazmín Villanueva Moo, y los legisladores Erik José Rihani González y Raúl Romero Chel.
Tipificar un delito
La diputada morenista Alejandra de los Ángeles Novelo Segura propuso tipificar como delito la divulgación de imágenes, videos o información relacionados con actos delictivos que tienen como consecuencia vulnerar la dignidad de las víctimas, e incluso ponen el riesgo la investigación.
Para ello, se adicionará un artículo 268bis, correspondiente al título Décimo Cuarto del Código Penal Local, para sancionar con cinco a diez años de prisión, destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como una multa de 150 a 300 días al servidor público que filtre la información relacionadas con víctimas de violencia feminicida.
“Las violencias contra las mujeres por desgracia no acaban cuando son asesinadas, en ocasiones, se filtra información, imágenes, detalles de la vida o el estado emocional y de salud de las víctimas, como lo fue el caso del feminicidio de Ingrid Escamilla Vargas, en el que imágenes del expediente judicial fueron difundidas en diversos medios de comunicación”, recordó.
A raíz de esto, señaló, la Fiscalía de Justicia de Ciudad de México presentó al Congreso Local una iniciativa de ley para sancionar este tipo de conductas. La propuesta fue retomada en otras entidades como Jalisco, Quintana Roo, Puebla y Querétaro, Colima y Oaxaca.
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