Poco más de 300 personas en prisión preventiva en Yucatán podrán ejercer su derecho a voto el próximo 2 de junio para elegir a la presidenta o presidente de la República, en caso de firmarse el convenio entre el Gobierno del Estado y el Instituto Nacional Electoral (INE), dio a conocer el vocal ejecutivo de la Junta Local, Luis San Denis Alvarado Díaz.
El pasado 20 de febrero de 2019, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por mayoría de votos, determinó que las personas en prisión preventiva y que no han recibido sentencia firma tienen derecho a votar, ya que se encuentran amparadas por el principio de presunción de inocencia.
Entrevistado sobre el tema, Alvarado Díaz mencionó que el gobierno del Estado entregó una relación de datos biométricos (huellas digitales) de 332 personas, que se cotejará con la base nacional del padrón.
Sólo se considerarán a quienes contaban con credencial vigente y se constata que los datos biométricos tengan la calidad necesaria, para tener toda certeza para poder ubicar quienes son, precisó.
“En caso de que se haga la votación en el Cereso, a las personas que participen se les sacará del listado nominal nacional y se hará un listado exclusivo para la votación de este sector. Se prevé que sea por voto anticipado y podría durar de uno a cinco días el proceso de votación y se instalaría solo una casilla”, explicó.
Únicamente, reiteró, participarían las personas en prisión preventiva que están en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mérida y se privilegiará en todo momento la seguridad, pues en caso de presentarse algún incidente se suspendería de inmediato la votación.
Aunque el número podría disminuir, en comparación con el listado nominal nacional, también se trata de poner en marcha un ejercicio que privilegie los derechos humanos de las personas, además de acatar un acuerdo en el Consejo General.
Convenio con el gobierno del Estado
Con respecto a la firma de convenio de colaboración con el gobierno del Estado, Alvarado Díaz adelantó que ya se ha tenido reuniones de trabajo con el director del (Cereso) de Mérida, Francisco Brito Herrera, para fijar el lugar de la instalación de la casilla y se analiza si será uno o varios días, dependiendo de la seguridad.
“Ya se le pidió al Gobierno del Estado que trasmita en el Cereso, los debates que se van a llevar al cabo para que si se llega a dar el caso de que puedan votar las personas privadas de su libertad estén informados de cuáles son las opciones y puedan realizar un voto informado”, comentó.
Sin embargo, sólo lo harían las que están en el Centro de Reinserción Social y por la elección a la presidencia del país ejerciendo su derecho al voto en la modalidad de anticipado.
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