Por mayoría de votos, el Congreso del Estado aprobó las modificaciones a la Constitución Política de Yucatán y Ley Orgánica del Poder Judicial para dotar de mayor autonomía e independencia al Poder Judicial del Estado de Yucatán, y sean los integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quienes elijan las magistraturas vacantes.
Durante los posicionamientos en contra, la diputada emecista Gabriela González Ojeda votó en contra de esa simulación mal llamada reforma. “Votamos en contra de la reforma al poder judicial, hace dos años; nos opusimos a los polémicos nombramientos de los nuevos magistrados, y hoy, volvemos a ser oposición -de las pocas que quedan en esta legislatura- para defender los derechos de la ciudadanía, para evidenciar el cinismo y las simulaciones, y para defender al poder judicial del estado de Yucatán”, dijo.
También recordó que el pasado 12 de diciembre de 2023, la presente legislatura designó a Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova como magistrado pese a las acusaciones de violencia y a pesar de sus antecedentes como juez.
“Hoy día, este magistrado ya está instalado en su escritorio del poder judicial y permanecerá ahí por al menos 15 años, como los demás, nombrados por el ejecutivo y ratificados por la fracción mayoritaria de esta legislatura”, señaló.
“Y entonces sí, ya consumados los hechos de invasión al Poder Judicial, ahora, estos nuevos mismos magistrados, proponen una iniciativa para que ningún otro gobierno haga lo que hizo el actual”, afirmó.
La neo-morenista Fabiola Loeza Novelo expuso que no puede aprobar el dictamen porque “el Poder Judicial Estatal no tiene competencia en solicitar un cambio estructural que rompe con el sistema de pesos y contrapesos previsto en la ley suprema nacional”.
“Ahora se usa a la autonomía e independencia para eliminar la constitucional facultad del pleno del Congreso tanto para elegir como para otorgar renuncias de los magistrados”, comentó la asambleísta, quien el pasado 28 de abril de 2022, cuando estuvo en el Grupo Parlamentario del PRI votó en favor de dicha reforma para ampliar las magistraturas de 11 a 15 con una duración de 15 años.
Por cierto, las morenistas Rubí Argelia Be Chan y Alejandra de las Ángeles Novelo Segura dejaron sola a su compañera, pues votaron en favor de dicho dictamen. Esto fue interpretado como una fractura entre la bancada morenista, pese a que Fabiola Loeza citó en su posicionamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador.
También en contra, el diputado perredista Eduardo Sobrino Sierra advirtió que con esta reforma se pretende eliminar la función d que el Poder Ejecutivo sea quien proponga las nuevas magistraturas.
“El único poder no electo directamente por el pueblo es, precisamente, el Poder Judicial. Ahora pretenden modificar el procedimiento, argumentando independencia y autonomía, proponen que sean los mismos magistrados los que propongan a qué magistrados va a elegir el congreso”, expuso.
En favor del dictamen, el diputado priista Rafael Echazárreta Torres recordó que presentó modificaciones a la iniciativa para darles certeza a las mujeres y hombres que imparten justicia para que “nadie pueda quitarse su trabajo por emitir una sentencia apegada a derecho, es ratificar que estamos a favor de la justicia abierta, expedita y transparente”.
“Vamos de cuatro a seis años para los jueces y que cuando se les ratifique, ya nadie les pueda quitar ese reconocimiento como esfuerzo realizado a la carrera judicial… El Poder Judicial tiene que abrirse para magistrados que venga de la ciudadanía, con pleno apego al derecho, que hayan demostrado independencia y que puedan tener una óptica distinta a la anterior, y también se respeta la carrera judicial. Será un ciudadano y uno de carrera judicial”, aseveró.
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