Escándalo en Sitilpech alcanza repercusión internacional: Amnistía exige respeto a los derechos de los defensores del medio ambiente.
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En un pueblo con apenas 2 mil habitantes con una producción anual de casi 100 mil cerdos ha desatado un escándalo que ha llegado a organizaciones internacionales de derechos humanos y ambientales, tal es el caso de Amnistía Internacional quien asumirá la postura en defensa del pueblo de Sitilpech.
“Los residentes de Sitilpech, Yucatán, se han visto en medio de una lucha por la defensa de su recurso más vital: el agua. Sin embargo, su activismo en pro del medio ambiente los ha llevado a ser acusados de falsos ambientalistas”, resaltó Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
Explicó que la controversia comenzó en enero de 2021, cuando los habitantes de Sitilpech tomaron medidas en contra de una mega granja porcícola que se estaba instalando en la zona. Unieron fuerzas para impedir que camiones cargados de cerdos entraran al pueblo, manteniendo un campamento que duró 8 días. Pero el 3 de marzo, la situación escaló cuando aproximadamente 70 policías llegaron a la comunidad para quemar montes y casas.
“Lo que resulta aún más sorprendente es que las autoridades han iniciado acciones legales en contra de los defensores de Sitilpech, acusándolos de delitos relacionados con los disturbios. La empresa también ha interpuesto denuncias contra las personas que bloquearon la carretera en protesta”, precisó la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
En respuesta a estos eventos, Amnistía Internacional ha levantado su voz para recordar al gobierno de México que las personas tienen un derecho fundamental a la libre expresión y a la defensa de sus derechos. La organización de derechos humanos enfatiza que la protesta, aunque incómoda, es una herramienta legítima de la ciudadanía para expresar sus preocupaciones.
“En el caso de Sitilpech, se ha estigmatizado a los defensores ambientales, a quienes se ha acusado de ser violentos y provocadores, a pesar de haber sido víctimas de la represión policial. Amnistía Internacional ha encontrado otros casos en México en los que el Estado utiliza el sistema penal para criminalizar a aquellos que defienden el medio ambiente, fabricando delitos con el objetivo de desarticular los movimientos de protesta”, destacó amnistía internacional.
A pesar de la estigmatización y la persecución legal, los residentes de Sitilpech continúan firmes en su lucha por defender su territorio y, en especial, su recurso hídrico. La organización Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades para que retiren los cargos penales en contra de los defensores de Sitilpech y para que se realice un período de consulta adecuado sobre la instalación de la granja porcícola.
La organización también insta a poner fin a la criminalización de la protesta y a respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos que luchan por la protección del medio ambiente y sus comunidades.
Son más de 500 granjas porcícolas en el Estado de Yucatán y no hay nadie que tenga el freno para las empresas que han estado saliendo. “Los gobiernos nos reprimen, les jalaron el cabello, 16 personas fueron violentadas en un campamento pacífico”, indicó Sully Valencia, una de las residentes de Sitilpech
“Creíamos que la polícia que nos estaba cuidando, pero más bien nos estuvieron situando, prepararon un gran operativo, mñas de 200 habitantes. Cuando nos dimos cuenta que llegaron con todo el peso de antimotines. Se nos trató peor que delicuentes”, contó.
En últimas conclusiones durante la presentación de su informe México: Tierra y ¿Libertad? criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente, la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México indicó que continuarán en la lucha como defensores del pueblo de Sitilpech para que el INCAY se desista de su denuncia contra los habitantes. “Con la empresa haremos otra estrategia para gestionar el diálogo”.
“Hoy venimos a recordarle a las autoridades yucatecas que la protesta pacífica es un derecho, protegido por el derecho internacional de los derechos humanos, y que también es una vía para exigir otros derechos humanos y para denunciar violaciones a los mismos”, concluyó.
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