Jessica N. ha decidido hacer público el presunto caso de violencia que ha estado viviendo a manos de su exesposo, Edwin M.N., quien ocupa el cargo de presidente de la Junta 2 de Conciliación y Arbitraje en el estado de Yucatán.
Además de las acusaciones de violencia, el funcionario estatal enfrenta serias acusaciones relacionadas con el incumplimiento del pago de la pensión alimentaria de su hijo y la falsificación de la firma de su expareja para despojarla de sus bienes patrimoniales.
El drama se dio a conocer a través de las redes sociales, donde Jessica compartió detalles de su difícil situación. Alega que Edwin M.N. se ha negado rotundamente a cumplir con su obligación de pagar la pensión alimentaria de su hijo. Además, lo acusa de haber falsificado su firma en un pagaré fraudulento por la cantidad de $600,000 pesos, pretendiendo que le había entregado esa suma de dinero.
Jessica sostiene que esto es completamente falso y que en cuanto recibió la notificación, sus dos propiedades fueron embargadas, bienes que había adquirido con esfuerzo para ella y su hijo. La afectada también afirma que su expareja tiene una orden de restricción en su contra desde el año 2022 debido a amenazas y diversos actos de violencia hacia ella.
En agosto de este año, la jueza del juzgado primero de lo familiar vespertino emitió un fallo a favor de Jessica, ordenando a Edwin M.N. el pago de la manutención del niño.
Sin embargo, desde entonces, el funcionario estatal ha hecho caso omiso a la orden judicial y ha utilizado todos los recursos legales a su disposición para evitar cumplir con sus obligaciones.
Jessica ha hecho un llamado al gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, recordando la aprobación en Yucatán de la Ley 3 de 3. Destaca que Edwin M.N. es un empleado del Gobierno del Estado de Yucatán con un cargo importante, pero lo acusa de ser violento, agresor y deudor de alimentos, además de desacatar las indicaciones de la jueza.
También lo responsabiliza de cualquier acto en su contra, el de su hijo o de su familia, y expone las amenazas que ha enfrentado durante años debido a la posición y los contactos que presume tener en el gobierno.
Este caso ha puesto de manifiesto una situación de grave conflicto en el ámbito personal y legal, y las acusaciones lanzadas por Jessica N. han llamado la atención sobre la conducta de un funcionario estatal en Yucatán.
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