Las candidaturas no han cumplido con las acciones afirmativas. También hubo vicios en la asignación de los diputados de representación proporcional, expusieron
Integrantes de los pueblos indígenas exigieron a los partidos políticos a cumplir con las acciones afirmativas y postular candidaturas indígenas en los distritos federales electorales uno, dos y cinco, así como en las demarcaciones locales 11, 18, 19, 20 y 21 luego de ganar una sentencia en el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY).
“¿El INE y el Iepac no tendrán conocimiento que las candidaturas postuladas no cumplen a cabalidad con las acciones afirmativas? ¿No puede investigar la autoridad electoral? Ya basta de burlas”, comentó Sergio Iván Pereira Gamboa, mayahablante y ex director de los centros de coordinadores indigenistas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
En rueda de prensa realizada ayer miércoles, representantes de varias organizaciones indígenas, que decidieron hacer a un lado sus diferencias y decidieron unirse, mencionaron que hay un contubernio entre las autoridades electorales y los partidos políticos, pues ninguna de las candidaturas impugnadas cumplió con las acciones afirmativas, pues los abanderados no hablan maya, no tienen vínculo con la comunidad indígena que dicen representar y la autoadscripción podría ser apócrifa.
En el último requisito, solicitaron al INE e Iepac las constancias que los candidatos y las candidatas presentaron para comprobar que tienen el vínculo indígena, pero no se los han proporcionado, por lo que sospechan que las agrupaciones que avalaron a esos abanderados carecen de toda legitimidad.
En las diputaciones locales, ha detectado que PAN-PRI postularon candidaturas fraudulentas como son Joel Isaac Achach Díaz, del Distrito 11 con cabecera en Tecoh; la mayahablante Melba Rossana Gamboa Ávila, del Distrito 18 con cabecera en Temozón, pero nacida en Campeche; Shirley Álvarez Escobar; distrito 19 con cabecera en Valladolid; Diego Ávila Romero, del Distrito 20 con cabecera en Tekax, y Rafael Montalvo Mata, del Distrito 21 con cabecera en Ticul y nacido en Michoacán.
En las diputaciones federales son: Esteban Abraham Macari, del Distrito 1, empresario ganadero con un rancho en la comisaría de X-panhatoro; Julián Zacarías Curi, del Distrito 2, ambos del PAN, y Jorge Luis Sánchez Reyes, originario de Tabasco, y candidato de la coalición “Sigamos haciendo historia” conformada por Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
“El señor Macari tiene un racho en X-panhatoro, pero de ahí que diga ayudar a los indígenas es muy diferente, lo que hace es darles trabajo. Mientras, Julián Zacarías, cuando fue alcalde de Progreso, intentó que le firmará un documento para construir una cancha de pok tak pok, pero me negué hacerlo cuando vi sus intenciones”, comentó Pereira Gamboa.
Juan Alberto Baas Tec, quien desde lo legal ha trabajado en presentar demandas para combatir las candidaturas fraudulentas, mencionó que Morena engañó al electorado al entregar una candidatura de representación proporcional a alguien que no es indígena.
“Con base en los anteriores razonamientos, solicito de la manera más atenta y respetuosa a ustedes Magistradas y Magistrados que se modifique, en lo que corresponde, el acuerdo CG/045/2024, del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, “por el cual se resuelve la solicitud de registro de la lista de candidatas y candidatos a diputaciones a elegirse por el sistema de presentación proporcional en el proceso electoral local 2023-2024, postulada por Morena”, carece de certeza, toda vez, que, en el proceso de insaculación de la selección de los candidatos, se encuentra viciado, ya que, en la tómbola que utilizaron para dicho proceso no incluyeron ni nombre”, leyó Baas Tec el recurso promovido.
Los presentes advirtieron que no permitirán las simulaciones por lo que la siguiente instancia será el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY), la sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues las leyes nacionales los asiste, así como convenios internacionales de derechos humanos.