- Activistas celebran, porque la jueza Grissel Rodríguez analizará posible inconstitucionalidad que incurrieron los Poderes Legislativo y Ejecutivo
Integrantes del Frente por el Derecho de las Mujeres en Yucatán dieron a conocer que el Juzgado Quinto de Distrito admitió el amparo 32/2024 presentado el pasado 4 de enero contra el nombramiento del magistrado Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova.
El recurso jurídico fue admitido el pasado lunes, y al día siguiente se les notificó a las activistas promoventes. La doctora Ligia Vera Gamboa celebró este paso importante, porque abre la posibilidad que la jueza Grissel Rodríguez Febles, del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, analice la inconstitucionalidad que incurrieron los Poderes Ejecutivo y Legislativo al postular y nombrar a Mendoza Casanova como togado.
El amparo se presentó básicamente por la violación del principio de paridad, establecido en el párrafo tercero del artículo 65 de la Constitución Estatal y el artículo 4 de la Constitución Mexicana, violación al procedimiento de nombramiento y violación al mandato de Juzgar con perspectiva de género, recordó.
Pero, el Congreso del Estado y el Ejecutivo Estatal incumplieron con una parte del proceso legislativo, ya que se eligió a un perfil que no goza de buena reputación y debe contar con una trayectoria laboral intachable y debió conducirse con ética en el desempeño de sus funciones.
Esta persona tiene antecedentes y denuncias de violencia de género, asentados en la Toca 153/2019, en la que se le indicó capacitarse en Derechos Humanos y derechos de las infancias y situación que incluso negó durante su comparecencia en el Congreso, expuso.
En cuanto a la violación al mandato de Juzgar con perspectiva de género, las feministas argumentaron que el nombramiento de Mendoza Casanova, como magistrado, significa una violación a la obligación de Juzgar con perspectiva de género, obligación que debe ser garantizada desde el momento en que se propone a personas para integrarse a un Juzgado o Tribunal.
“Un juzgador con los antecedentes de Mendoza Casanova, representa un riesgo para el acceso a la justicia con perspectiva de género de las niñas, adolescentes y mujeres que viven en el estado de Yucatán”, señaló.
Una vez admitido el amparo, el Congreso del Estado y el Ejecutivo deberán emitir sus informes a la Jueza del Juzgado Quinto, quien, a partir de la entrega de dichos informes, valorará si el acto que reclamaron las organizaciones y mujeres en la individual significó una violación a la Constitución Federal y Estatal, situación que resolverá con posterioridad a la audiencia señalada para el día 16 de febrero del presente año.
En la entrega del oficio a la Secretaría General del Poder Legislativo estuvieron presentes además de Ligia Vera, las activistas María Alejandra Poot Maza, María Teresa Munguía Gil, Rocío Quintal López, Gina Villagómez, Bertha Elena Munguía y Adelaida Salas Salazar.