Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) organizó una mesa panel en la que se analizaron los avances y retos de esa legislación
Durante su participación en la mesa panel “Ley 3 de 3: Diálogo sobre avances y retos”, organizado por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY), la diputada Carmen González Martín señaló la importancia de apostarle a la efectividad de esta ley para que nunca sea letra muerta.
A casi dos años de que el Congreso del Estado aprobó por unanimidad dicho paquete de reformas, que tiene por objetivo limpiar los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los gobiernos municipal, estatal y federal de violentadores y deudores alimentarios, la magistrada presidenta Lissette Guadalupe Cetz Canché comentó que “la exigencia se ha escuchado en todos lados y cada vez más fuerte: Ningún agresor de mujeres y ningún deudor alimentario deben de ocupar puestos en el Poder”.
En la actividad realizada ayer miércoles, con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemora cada 8 de marzo, participaron la legisladora Carmen González, presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación y Puntos Constitucionales, y la investigadora y activista feminista Gina Villagómez Valdés, quienes intercambiaron opiniones sobre el impacto de esta reforma aprobada el 31 de mayo del 2022.
Al encuentro al que también acudieron funcionarios electorales y representantes de partidos políticos, la congresista relató cómo se construyó la “Ley 3 de 3” en el Congreso Local de la mano de la sociedad civil, cómo fue consensada con todas las bancadas para que se apruebe por unanimidad, y el momento en el que fue retomado por el Congreso de la Unión para que se aplique en toda la República.
“Yucatán fue un parteaguas y allanó el camino para que la Ley 3 de 3 sea una realidad en México, porque no queremos que gente impresentable ocupe cargos de Poder”, comentó la asambleísta Carmen González, quien en su momento fue la única que tuvo la congruencia, moral y ética para solicitar licencia y oponerse a la designación de un juez, denunciado por ejercer violencia de género e institucional, como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán (TSJEY).
De igual manera recordó que de la mano de mil 200 asociaciones y colectivas defendieron dicha reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), promovió una acción de inconstitucionalidad en su contra.
En su intervención, la togada Cetz Canché declaró para contar con instituciones sólidas, autoridades responsables, un gobierno justo y un Estado de Derecho inquebrantable, se requieren espacios libres de violencias para las mujeres y ninguno de los agresores ocupen puestos de gobierno ni de representación popular.
En su turno, la investigadora Gina Villagómez sostuvo que esta iniciativa no sólo cambió el mundo político del país, sino que es un avance cultural brutal, porque ahora también se trasladó a las instituciones académicas y a la iniciativa privada, para que hombres violentadores tampoco ocupen puestos directivos en esos lugares.
De igual manera, dijo que hay que procurar que el principio de la Ley 3 de 3 vaya más allá del tema legislativo o legal y se integre como un principio ordenador, justo y equitativo de la sociedad, para avanzar en la defensa de los derechos de las mujeres.
Asimismo, señaló que también significa un instrumento de defensa de las mujeres en la lucha contra del sistema patriarcal y machista.
Finalmente, la magistrada Cetz Canché, quien fue la moderadora de la mesa panel, destacó que ambas participantes han demostrado congruencia, profesionalismo, ética y, sobre todo, valentía para impulsar este tipo de legislaciones y para no quedarse calladas antes las violencias que muchas yucatecas siguen sufriendo en la actualidad.
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