La ley 3 de 3 contra la violencia de género ya es constitucional; en 2024 ningún violentador, agresor sexual o deudor alimentario podrá ser candidato ni designado para ocupar un cargo en la administración pública
Ningún deudor alimentario podrá ser postulado para contender a puestos de elección popular en las elecciones de 2024, pues el pleno de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad de la 3 de 3 contra la violencia de género, iniciativa que aprobó por unanimidad el Congreso del Estado.
En la sesión del pleno de la Máxima Tribuna de la República, nueve de los 11 ministros votaron para desechar la acción de inconstitucionalidad 98/2022 que la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, promovió para invalidar disposiciones a las leyes de la Comisión de Derechos Humanos, de Instituciones y Procedimientos Electorales, Transparencia, Acceso a la Información Pública, Partidos Políticos y el Código de la Administración Pública, todas de Yucatán, en el tema de deudores alimentarios.
Al respecto, la diputada Carmen González Martín, una de las promoventes de la iniciativa ciudadana, señaló que nunca se vulneraron los derechos humanos y en todo momento se buscó elevar el nivel de la ética pública de quienes hoy ocupan algún cargo de elección o designación.
“Lo que busca es proteger los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, no solo de las mujeres sino de todos en general”, comentó la presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La legisladora por el Distrito 13 mencionó que la iniciativa fue respaldada por la sociedad civil y activistas como María Eugenia Nuñez Zapata, de la Agenda Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY); la fallecida Sandra Peniche Quintal, de Observatoria MX, la doctora Patricia Olamendi e Yndira Sandoval, de Las Constituyentes, pidieron que cualquier aspirante a ser funcionario público, ya sea por elección o por designación, tenga una moral y una ética intachable.
Recordó que, en el pleno del Poder Legislativo, el dictamen fue aprobado por unanimidad por diputados y diputadas de las fuerzas políticas del PAN, Morena, PRI, Nueva Alianza Yucatán y Movimiento Ciudadano.
Además, la minuta que el Congreso envió a los 106 municipios consiguió el aval de 97 de los 106 cabildos de Yucatán por lo que consiguió la constitucionalidad antes de que se publique en el Diario Oficial del gobierno del Estado de Yucatán.
La diputada Vida Gómez Herrera, otra promovente de la iniciativa ciudadana, señaló que con los votos de nueve ministros de la Máxima Tribuna de México se resolvió un tema tan importante para garantizar la protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes.
“Lamentable que no todas las voces puedan estar en favor. Sin embargo, hay que destacar que está norma es válida y ya pasó este punto que nos traía un poco a la expectativa respecto a la aplicación. La (iniciativa) la defendimos en todo momento, lo seguiremos haciendo y hay que estar muy pendientes de como se va implementado, porque en el 2024 traemos un proceso electoral”, aseveró.
La también presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género de la Legislatura 63 reconoció el trabajo de las activistas Patricia Olamendi e Yndira Sandoval, quienes estuvieron en Yucatán para acompañar este proceso y fueron parte fundamental junto con la Secretaría General del Congreso del Estado para que esta norma se redactará con el blindaje de ser constitucional y una acción afirmativa en favor de las mujeres y que ningún violentador llegue al poder público.
La iniciativa, recordó, se presentó con el respaldo de firmas de muchísimos ciudadanos y universitarios se sumaron, pues la Agenda de Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY) llevó las pláticas a las universidades y espacios públicos.
Además, las integrantes previo y posterior aprobación de la iniciativa hicieron un acompañamiento a los legisladores, así como la movilización con otras colectivas feministas de México y legisladores del Congreso de la Unión para presentar las acciones jurídicas para defender la constitucionalidad de 3 de 3
En Twitter, la doctora Patricia Olamendi Torres, principal promotora de limpiar el poder público de violentadores, agresores y deudores alimentarios, expresó en su cuenta de Twitter que lamentó las “posturas arcaicas” de los ministros Javier Laynes Potisek y Juan Luis González Alcantará Carrancá, quienes votaron en favor de desechar la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH.
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