Podría ser que la Suprema Corte le diga al Congreso: ‘No sólo lo tienes que volver a votar, sino lo tienes que aprobar’
El Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (Colectivo PTFY) dio a conocer que que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –con tres votos a favor y dos en contra– decidió que resolverá si el Congreso del Estado violó el Pacto Federal al negarse a reconocer esta figura legal en dos ocasiones durante el 2019.
César Briceño Castro, integrante del Colectivo PTFY y activista LGBT+, comentó que el ministro presidente de la primera Sala del máximo tribunal de México, Juan Luis González Alcántara Carrancá, atrajo una de las demandas por juicios de amparos presentadas en contra del Congreso Local.
“Antes de que nosotros pidamos la atracción, él decidió hacerlo. Esto es interesante porque, quiere decir, la demanda tiene sustancia”, añadió.
Briceño Castro recordó el posicionamiento del ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien ha sido muy enfático en que los congresos estatales tienen la obligación de acatar las jurisprudencias de la Corte.
“Cosa que no han hecho muchos estados como Yucatán. Han tenido la oportunidad de cambiar muchas leyes discriminatorias y no han hecho. Sobre todo, en el contexto en el que vivimos ahora y al romperse el Pacto Federal podría ser que la Suprema Corte le diga al Congreso: ‘No sólo lo tienes que volver a votar, sino lo tienes que aprobar’”, expuso.
De acuerdo con un comunicado, en abril del año pasado, cuando el Legislativo rechazó por primera vez una iniciativa para permitir el matrimonio igualitario en la entidad, el Colectivo PTFY presentó un juicio de amparo en contra del Congreso Local porque violó el Pacto Federal, toda vez que la decisión violaba la jurisprudencia de la SCJN sobre la inconstitucionalidad de prohibir las uniones legales entre personas del mismo sexo.
En la demanda, el Colectivo PTFY, conformado por personas de la comunidad LGBT+ y personas aliadas, señaló que la jurisprudencia de la SCJN indicaba una orden general a los congresos locales de adecuar su legislación civil y familiar para garantizar que todas las parejas que constituyen una familia, independientemente de su conformación, puedan acceder a los distintos derechos que otorga la figura del matrimonio.
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