La Ombudsperson nacional Rosario Piedra Ibarra actuó en favor de los derechos humanos de los deudores alimentarios para presentar un recurso de inconstitucionalidad para que la reforma constitucional tenga invalidez
La diputada panista Carmen González Martín lamentó mucho que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque la Ley 3 de 3 contra la violencia de género vulnera los derechos de los deudores alimentarios morosos.
«¿Dónde queda el interés superior de los niños?», comentó la legisladora local por el Distrito 13, quien promovió la reforma constitucional para que los agresores, deudores de pensión alimenticia y violentadores sexuales no sean candidatos a puestos de elección popular o sean designados para ocupar puestos de confianza en la administración pública.
Ante la Máxima Tribuna de la República, la titular de la CNDH promovió una acción de inconstitucionalidad para desactivar la reforma constitucional que el pasado 31 de mayo, por unanimidad, aprobaron las fuerzas políticas del PAN, Morena, PRI, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza Yucatán.
«Lamento mucho esa visión que se tiene; sin embargo, entiendo que ella actúa en un marco del respeto de los derechos humanos. Pero, creo, debemos garantizar los derechos humanos de toda la sociedad y es lo que involucraba esta iniciativa: que los violentadores y deudores alimentarios no puedan ser postulados por los partidos políticos y los gobiernos no designarlos a cargo públicos», comentó la asambleísta.
Esta impugnación, añadió, fue para las reformas en la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Código Estatal de la Administración Pública, Ley de los Partidos Políticos del Estado de Yucatán y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán.
La diputada González Martín comentó que sería muy lamentablemente que reboten la ley, sobre todo tras su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, que se hizo el pasado viernes. «Ahora que salió publicada la reforma constitucional, vamos a ver si ellos (la CNDH) iniciarán alguna acción de inconstitucionalidad», reconoció.
Adelantó cual será la siguiente estrategia: «estaremos preparados también, porque lo que no está prohibido lo podremos reformar y presentar. Lo que si queremos es un Yucatán sin violencia. Por supuesto, la reforma que presentamos es para blindar al Estado de quienes cometen algún tipo de violencia y quienes sean morosos alimentarios no lleguen a ningún cargo públicos de elección ni por designación».
En el caso de los amparos contra la nueva Ley del Isstey, la legisladora comentó que desconoce si la Secretaría General del Poder Legislativo y la Oficialía de Partes han recibido los notificados.