El filtro de reunir el millón de firmas es un adicional que deberán reunir los aspirantes a la candidatura del PAN a la presidencia de la República
Los aspirantes a la candidatura del PAN a la presidencia de la República deberán reunir un millón de firmas ciudadanas, que serán procedentes de 17 de las 32 entidades federativas, esto con el objetivo de que no se concentren en los estados más grandes y busquen el apoyo de los mexicanos, afirmó la diputada panista Cecilia Patrón Laviada.
Este filtro ha generado inconformidad por parte de la senadora Lilly Téllez, quien expuso que recolectar esa cantidad de firmas es ilegal, implica derrochar mucho dinero, sólo participarán aquellos que cuenten con los recursos económicos y en el PAN no hay quien controle las rúbricas, por lo que pidió que se priorice la unidad como método para la selección de la candidatura.
«Quienes aspiran, tienen que salir a buscar las firmas de los ciudadanos para poder sumarlas a su presentación en la pre-candidatura. Queremos que la gente opine a quién quiere o no, esa es la participación ciudadanía», señaló la también secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, quien precisó que las rúbricas no necesariamente tienen que proceder de militantes o simpatizantes de Acción Nacional.
Al respecto, legisladora federal le envió el siguiente mensaje a la sonorense: «La idea es que todos podamos sumar, estén tranquilos, que sea un método transparente en el que se privilegie la participación de los ciudadanos. No solo se trata de cubrir con lo establecido en los estatutos de Acción Nacional, si no cumplir con este extra, que es importante porque es el apoyo de la gente».
En Acción Nacional tendrá que salir la mujer o el hombre que esté mejor calificado por los y las mexicanos. «Nosotros buscaremos que haya inclusión, se sientan parte de este proyecto», dijo.
Al ser cuestionada sobre si los aspirantes, incluidos el gobernador Mauricio Vila Dosal tendrían que separarse del cargo para recolectar las firmas, la asambleísta recordó: «La ley es la ley. Este es un proceso pegado a la ley; si el gobernador decidiera participar, en qué tiempo lo tendría que hacer».
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