La diputada morenista Alejandra Novelo llamó a depurar el Poder Judicial de jueces que liberan a violadores de niños y niñas.
Por decisión unánime, el Congreso del Estado aprobó que el delito de incesto se castigue con prisión de 20 a 30 años, la violencia familiar de 10 a 20 años de privación de la libertad y que su agravante considere las lesiones permanentes, así como un daño psicológico. Además, las penas aumentarán de las dos terceras partes en caso de agravantes del hostigamiento, acoso, abuso sexual, violación, violación equiparada y estupro.
Esta modificación al Código Penal del Estado de Yucatán, en materia de incesto, también propone penas más severas en delitos sexuales para parientes por consanguineidad o afinada hasta el cuarto grado. “Es donde las estadistas muestran se encuentran la mayor proporción de agresores, desagraciadamente”, señaló la diputada morenista Alejandra de los Ángeles Novelo Segura, promovente de la iniciativa.
En tribuna, expuso que aumentar las penas no es la solución por lo que hizo un llamado al Poder Ejecutivo y la Fiscalía General del Estado a que elaborar políticas públicas que también permitan actuar en la materia, prevenir y erradicar las violencias.
“Se requiere mejorar el sistema de protección de la infancia local, que el personal de la fiscalía este ampliamente capacitado y sensibilizado, y deje de revictimizar a quien ha sufrido alguno de estos delitos, también, que investiguen mejor y más rápido. Trabajemos juntos por este objetivo común”, exhortó la congresista promovente de la iniciativa.
Los llamados continuaron, tocó turno al Poder Judicial para que se limpien de jueces que dejan en libertad a violadores, y desacreditan los dichos de los menores al revictimizarlos. Lo anterior fue lo anterior al magistrado elector Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova, quien al ser juez liberó a un padre que violó a su hija de 6 años, pero la madre apeló a un juzgado de segunda instancia.
“Necesitamos juzgadores con perspectiva de género, derechos humanos e interés superior de la niñez y estoy cierta que los hay”, expuso la también coordinadora de bancada de Morena, quien también celebró que 16 legisladores se hayan suscrito a su iniciativa.
Seguridad para las mujeres que usan transporte público
También por unanimidad, se aprobó elevar las sanciones a quienes cometan abuso sexual y hostigamiento en el transporte público, para que se esta manera todas las personas, sin importar su género, se trasladen de manera segura y libre de violencia en Yucatán.
Con esta reforma, se hará frente a la violencia física y sexual que sufren las mujeres, niñas y adolescentes, por lo que aumentarán las penas para sancionar los delitos de hostigamiento y abuso sexual, si estos llegan a cometerse en el transporte público de personas pasajeras, transportes privados y en vehículos que brinden servicios contratados a través de plataformas tecnológicas, comentó la diputada priista Karla Franco Blanco.
Actualmente el Código Penal en Yucatán establece que el delito de abuso sexual se castiga con seis a 10 años de prisión y de 300 a 2 500 días multa, por lo que, con el nuevo agravante, la pena por realizar esta conducta en el transporte público, se aumentará al doble, quedando de 12 a 20 años y de 600 a 5 000 días multa.
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