El Estado terminó por deberle a la ciudadanía para la aplicación de la Ley 3 de 3, señaló la consejera general del INE, Norma de la Cruz
Yucatán ha tenido leyes para erradicar los diferentes tipos de violencias contra las mujeres y los grupos vulnerables, pero el Estado no dio el dinero para sus aplicaciones, mencionó la consejera general del Instituto Nacional Electoral (INE), Norma Irene de la Cruz Magaña.
Durante los foros para la erradicación de la Violencia Política contra la mujer en razón de género y la inclusión de Grupos en situación de Discriminación en los Procesos Electorales 2023-2024 realizados hoy miércoles, la funcionaria electoral mencionó que uno de los grandes retos es la aplicación de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género.
–Bien bonita la Ley 3 de 3, pero no le dieron recursos al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac). No se hicieron las reformas secundarias para que se tengan los registros de violentadores de género, agresores sexuales y deudores de pensión alimenticia , pero el Estado no dio el dinero –comentó.
Al hablar sobre el Registro Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, Norma de la Cruz precisó que el propósito es para que los candidatos y las candidatas tuvieran vergüenza.
“Tenemos un bonito registro de personas sancionadas con la idea de que tengan vergüenza, pero parece que a mucha gente no la tienen. Nuestra ley sobre violencia política no tiene los dientes para proceder, ya nos dijeron que se necesita la sentencia firme. Entonces, formalmente no podemos proceder”, señaló.
Con base en lo anterior la funcionaria electoral cuestionó la falta de moral de los partidos políticos al postular candidaturas con esos antecedentes a la ciudadanía.
Norma Irene recordó que el Instituto lanzó la plataforma Conóceles para que la ciudadanía conozca quiénes aspiran a un puesto de elección federal, así como la 8 de 8 contra la violencia.
“Si ustedes conocen que esa persona está en uno de los supuestos, se pueden hacer denuncias. Si no es la ciudadanía nadie más lo puede hacer, es necesario y super importante tener esas masas críticas”, afirmó.
Defensoría Pública, un pendiente
En su intervención, la consejera general del Iepac María del Mar Trejo Pérez reconoció que, por falta de recursos, no pudieron poner en marcha la Defensoría Pública de los Derechos Políticos Electorales ni hacer una verificación de las candidaturas en el cumplimiento de la Ley 3 de 3.
“Tuvimos un recorte del 47% de nuestro presupuesto y estamos con el pendiente de una ampliación para poner en marcha de la Defensoría”, expuso.
Sobre la verificación de la 3 de 3, comentó que con los recursos humanos y el tiempo posible se hizo un muestreo de las candidaturas por lo que no se aplicó en todas. “Si alguno de ustedes conoce que algún candidato o candidata tiene los supuestos de la 3 de 3, de verdad se acerquen al Instituto, denuncien y presenten una queja”, pidió.
Los retos de las mujeres
En su intervención, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY), Lissette Cetz Peniche, habló de los retos de las candidatas para llegar a los puestos de poder.
“Tratar de tener las mejores propuestas, las disponibilidades circunstancias y posibilidades para que la ciudadanía confíe en nosotras candidatas, confíe en todas las mujeres y confíe que hacemos un trabajo bueno, que más críticas recibimos y también más se nos exige en un momento dado… De todo somos nosotras objeto de esas críticas”, expresó.
Paridad numérica no es suficiente
En materia de paridad, la doctora Rocío Quintal López comentó que no basta que sean más mujeres quienes electas para los puestos de poder, sino cuentan con una agenda feminista o que beneficie a las mujeres.
Duramente criticó a las diputadas locales de la actual legislatura que han alzado la mano para aprobar reformas que atentan contra las mujeres de Yucatán. Este argumento fue ovacionado por los presentes.
En la inauguración de los foros, el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz comentó que el debe del Instituto, “como parte académica, como autoridades y como actores políticos, trabajar en conjunto para erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género y generar un entorno seguro y respetuoso para las mujeres que desean participar en la vida política.
“Por otro lado, la inclusión de los grupos en situación de discriminación es esencial para construir una democracia inclusiva y representativa”, señaló.
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