La línea es ponerme en la misma bolsa que los demás, pero están equivocados, comentó el senador priista
El senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín señaló que los ataques recibidos en redes sociales por votar en favor de que las fuerzas armadas sean retiradas hasta 2028 es la molestia de los panistas porque se les cayó la estrategia electoral contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.
«La línea es poner a Marín en la misma bolsa que los demás, pero están equivocados porque Paz y los demás no estuvieron en la mesa de interlocución», afirmó en alusión a las opiniones emitidas por Ana Rosa Payán Cervera, ex candidata al Senado, y el alcalde Renán Barrera Concha. «Los panistas están dolidos porque su senador los abandonó y ese es problema de ellos. Ramírez Marín es senador por Yucatán, lo eligieron. No lo nombró el PAN ni entró de repechaje».
Explicó que su voto en favor fue porque se construyó una propuesta que incluye controles, límites y plazos para que el Ejército regrese a los cuarteles en 2028 y no es un plan de militarización, pues México ya está militarizado desde que las fuerzas armadas realizan otras labores.
«Yo sé que a los otros les hubiera gustado darle un pescozón al presidente y que su partido perdiera la votación. Ganas no faltan. ¿Te quedas con tu molestia e ira, que muchas veces es electoral o haces algo para cambiar las cosas? Creo que estamos cambiando las cosas», comentó.
La estrategia de aplazar la presencia de las fuerzas armadas cuenta tres puntos. El primero de ellos es que el Ejecutivo Federal enviará a una comisión bicameral, que integraran senadores y diputados, un informe que incluirá la acción militar en materia de seguridad, avance de la consolidación de la Guardia Nacional como una fuerza civil y avance y consolidación de policías municipales y estatales.
Comisión Bicameral
La Comisión Bicameral tendrá facultades para citar a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de la Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC). Anteriormente, la Junta de Coordinación Política del Senado, que preside el morenista Ricardo Monreal Ávila, tuvo la facultad de hacerlo; hoy día y con las modificaciones, la Comisión podrá hacerlo, aseveró el legislador.
También deberá verificar y analizar el informe para elaborar unas conclusiones que serán distribuidas a las Cámaras Alta y Baja que serán votadas para enviárselas como recomendaciones al Poder Ejecutivo. «Cada seis meses sabremos donde no es necesaria la presencia del Ejército», precisó.
Los otros dos puntos de las propuestas: Cada año los gobernadores tendrán que informar el avance de sus policías locales y se contará con un fondo especial para el fortalecimiento de las corporaciones municipales y estatales que es diferente al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
El nuevo fondo, detalló, tiene la particularidad que beneficiará a las entidades con mayor seguridad los recursos adicionales con base en lo bien que realicen el trabajo. Yucatán será de las pocas entidades beneficiadas, en especial, por el crecimiento poblacional que ha tenido por la migración.
«Logré que la oposición, Morena fundamentalmente, la votará con este cambio que el 25% de este fondo se divida en Estados que tienen excelencia en seguridad. Créanme son muy pocos, a Yucatán le tocarán muchos recursos para continuar profesionalizando su policía… Eso sí, la Comisión Bicameral supervisará estrictamente que los recursos se utilicen solo en seguridad pública», señaló.
Militares en seguridad pública
Para el senador, la tarea de los militares en la seguridad pública es más razonable a que los pongan a construir el parque de La Plancha, el aeropuerto o administrar una aerolínea. «No nos debe aterrorizar que los militares cuiden las calles de Acapulco o las playas de Zihuatanejo, si no que un día digan que el poder civil no pudo, así que vamos a poner un poder militar. Eso nos debe aterrorizar, el único freno es lo que pusimos nosotros».
Ramírez Marín negó que su voto a favor haya sido porque le perdonaron sus expedientes cuando estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ni recibió dinero. «Según los hipótesis de esta gente, estoy lleno de demandas y expedientes, sólo que no he visto ninguna. Y el gobierno ya tuvo ocho años para sacarme cualquiera. Simplemente, no las tengo», comentó.
Afirmó que en las negociaciones les dieron algunas cosas, pero no la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
About The Author
Publicaciones relacionadas:
Sentenciado a 16 años de prisión por violación
Desde principios de octubre el CONAFE impartirá clases de educación inicial
Plantean solución al refugio de mujeres víctimas de violencia extrema
El Gobernador Mauricio Vila Dosal firma convenio con la Confederación Patronal de Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña para atraer más inversiones y generar empleos para los yucatecos
