La doctora Patricia Olamendi Torres, una de las promoventes de la iniciativa, pidió a la sociedad que sea vigilante en la aplicación de la ley 3 de 3 contra la violencia de género
La Ley 3 de 3 contra la violencia de género ya es constitucional, así lo avaló el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ahora los partidos políticos están obligados a cumplirla y la ciudadanía tiene que estar vigilante con que la legislación aprobada en el Congreso del Estado se aplique para las elecciones 2024, señaló Patricia Olamendi Torres, una de las promotoras de la iniciativa de erradicar a los agresores sexuales, violentadores y deudores alimentarios del poder público.
La doctora en Derecho recordó que la iniciativa de modificaciones a diferentes leyes estatales y la reforma a la Constitución del Estado de Yucatán fue aprobada por unanimidad por las fuerzas políticas del PAN, Morena, PRI, Nueva Alianza Yucatán y Movimiento Ciudadano.
«Nosotros esperamos que los consensos obtenidos en la reforma se mantengan en el periodo de aplicación y que los partidos sean los primeros en decirles a sus militantes que si tienen algún supuesto de denuncia, algún adeudo de pensión alimenticia que lo resuelvan, pues de otra manera no podrán tener ningún cargo», señaló.
La responsabilidad también es compartida, pues la sociedad tiene que ser vigilante que los partidos políticos respeten los criterios de idoneidad al momento de asignar las candidaturas. «Desgraciadamente, tenemos una clase política poco respetuosa y, creo, conviene la vigilancia de que está ley se aplique», señaló.
La activista también exhortó al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán (Tsjey) para elabore un padrón con todos los deudores alimentarios, que sea accesible para las mujeres y las familias logren cobrar las pensiones.
«No solo hay que ver que los deudores alimentarios lleguen a los cargos de elección popular, sino que se instale el padrón y ahí manden todos los casos de quienes no pagan sus pensiones alimenticias», comentó.
A la presidenta del Tribunal Superior, magistrada María Carolina Silvestre Canto Valdés, le pidió que se ponga «inmediatamente a trabajar en el padrón de deudores alimentarios para que todos los casos del Estado estén ahí y los deudores queden señalados e impedidos de un cargo público. Si están en el padrón, no pueden ocupar un cargo público».
A los deudores alimentarios, que tienen un trabajo en el gobierno, los exhortó a pagar inmediatamente sus pensiones, «porque van a estar en el padrón».
Recordó que hace meses un afectado por la creación del padrón de deudores alimentarios metió un amparo ante la Sala Regional de Xalapa de la SCJN para que se elimine el requisito de no ser deudor alimentario para acceder a un cargo público por designación o elección popular. El magistrado de dicha sala falló en favor de quien presentó la acción de inconstitucional.
Pero el pasado martes, el pleno de la Máxima Tribuna del país dictó una resolución para validar que dicho requisito sea constitucional, así como la creación del padrón de deudores alimentarios.
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