- Agremiados del Sindicato Progresista exigen nuevos juzgados, basificaciones e incremento salarial.
Agremiados del Sindicato Progresista de Trabajadores del Poder Judicial de Yucatán marcharon ayer domingo para exigirle a la magistrada presidenta María Carolina Silvestre Canto Valdés que les cumpla una serie de peticiones como un alto al hostigamiento y las amenazas, basificaciones, aumento salarial del 16% y apertura de nuevos juzgados. En caso de no encontrar una respuesta positiva, se irán a huelga.
“Durante un año pedimos a la magistrada presidenta del Poder Judicial, María Carolina Silvestre Canto Valdés, que atendiera estos temas y no lo hizo, por eso salimos a marchar, para que se respeten nuestros derechos laborales y para que haya una buena impartición de justicia. Todos somos parte de engrane y tenemos que funcionar a la par”, señaló la secretaria general Luis Inés Martín Puc durante el mitin realizado en el monumento a la Patria.
La marcha salió de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles rumbo al Monumento a la Patria, trayecto en el que exclamaron consignas como “en la casa de la justicia no hay justicia” y “Magistrada presidenta escuche nuestra lucha”.
En la protesta, el secretario de Conflictos del Sindicato Progresista, Víctor Huchim, mencionó que es momento de que los trabajadores judiciales estén unidos y luchen por sus derechos, pues hay que alzar la voz para que los magistrados y los consejeros de la Judicatura los escuchen.
Las peticiones realizadas a la magistrada Canto Valdés son el aumento salarial del 16%, homologación y categorización de sueldos para que todos perciban ingresos justos, así como un bono anual de 20 días, pues no reciben un pago de horas extras.
“Desde hace dos años que no tenemos un aumento real, que se ha visto reducido con el aumento de los precios de la canasta básica y de la tasa inflacionaria. Además, para el próximo año tendremos que pagar una cuota del 10% al Isstey”, explicó Luis Inés Martín.
Otra de las exigencias del Sindicato Progresista es que se contrate a más personal y criticó que no se hayan abierto los siete juzgados presupuestados para este año, situación que provoca que aumente la carga de trabajo de manera exponencial. “Cada trabajador judicial tiene 300 expedientes para procesar, y en el caso del juzgado de Umán les toca a 600, situación que es imposible de atender”, señaló.
De igual manera precisó que hay empleados con más de tres años laborando en el Poder Judicial y los altos mandos no quieren otorgarles bases, a pesar de que los nuevos magistrados sí están basificando a su personal que lleva pocos meses trabajando con ellos y que no tienen carrera judicial.
En ese sentido, abundó, externaron su hartazgo del nepotismo, las irregularidades en las listas de recategorización y que no se aplique una homologación salarial justa.
Por último, hizo un nuevo llamado a los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores Profesionistas, Administrativos y Manuales, y del Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Poder Judicial para conformar un frente unido que convoque a una huelga en caso de que no haya respuesta a sus demandas. “No son tiempos de protagonismos, sino de luchar en unidad para que sus derechos laborales sean atendidos”, aseveró.
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