El diputado morenista Rafael Echazárreta Torres pidió a su homólogo priista Gaspar Quintal Parra, presidente de la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública, que solicite un periodo extraordinario de sesiones una vez que se apruebe el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amnistía para el Estado de Yucatán.
«Es muy importante que pudiésemos dictaminarla e inclusive solicitar ya que se genere le dictamen lo más pronto y llamar a un periodo extraordinario de sesiones para aprobarla», comentó el asambleísta, promovente de la iniciativa.
La bancada morenista en el Congreso del Estado presentó la iniciativa de Ley de Amnistía del Estado de Yucatán, que responde a una armonización legislativa referida en el artículo segundo transitorio de la nueva Ley de Amnistía promulgada en abril del 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Echazárreta Torres comentó que en su fracción parlamentaria y en la ciudadanía hay preocupación, porque la iniciativa tiene por propósito apoyar y resarcir posibles injusticias contra los más pobres, los grupos vulnerables y los pueblos originarios.
Al hacer esto, afirmó, se estaría liberando a hombres y mujeres, en un caso muy sentido son aquellas que por alguna situación de pobreza extrema y mala información han tenido que incurrir en interrupción del embarazo y derivado de ella hoy se encuentran presas, por lo cual es importante que se tenga la amnistía para estas mujeres y para los hombres que, en calidad de pobreza extrema, han tenido que incurrir en delitos menores.
«Como parte del Estado, esta Ley podría revindicar y hacerles justicia; por lo tanto, yo solicitaría que pudiéramos dictaminarla lo más pronto posible, aprobarla y darles libertad a estos ciudadanos», comentó el asambleísta promovente.
La Ley de Amnistía Estatal propone que las personas sujetas a la acción penal o sentenciadas por los delitos de aborto, delitos contra la salud, robo simple o sedición -siempre y cuando estén en los parámetros planteados- puedan acceder al beneficio de la amnistía, así como aquellas personas que pertenecen a una comunidad indígena y que durante el proceso no tuvieron acceso a un traductor, además de aquellas que por haber cometido un robo simple -cuando el monto no exceda el valor de trescientas unidades de medida y actualización- y que la pena pudiese ser cubierta con un pago de fianza que no logarse ser cubierto por alguna condición de vulnerabilidad, siempre que la persona no hubiese sido condenada por algún otro ilícito, también puedan acceder al beneficio de la amnistía.
Por su parte, Quintal Parra instruyó a la secretaria general para que elabore un anteproyecto de dictamen que será presentado para su análisis y discusión en una próxima sesión.
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