Independientemente quién gane las elecciones, en Yucatán y en toda la República existirán las Contralorías Ciudadanas Autónomas que tendrán por objetivo hacer un frente común contra la corrupción y vigilar el actuar de las autoridades electas para garantizar que el acceso al agua sea un derecho humano.
“Quien firme estos compromisos, seguramente tendrán más votos. Pero nos vamos a encargar de que los cumplan y no sólo sea para tomarse las fotos. Ya estamos cansados, y en esta crisis de agua estaremos muy cerquita, gane quien gane, seguiremos mediante estas contralorías ciudadanas autónomas”, afirmó Teresa Vaught Charruf, integrante del Consejo Ciudadano del Agua en Yucatán.
Los activistas invitarán a los candidatos y las candidatas a la alcaldía de Mérida, legisladores locales y federales y la gubernatura firmen el compromiso para hacer posible una ley ciudadana de aguas.
“Más allá de la foto, porque no estamos para esos juegos; que vengan con ganas de comprometerse, vamos a estar muy abiertos y presentado está agenda y la firmen. No sólo es eso en esta coyuntura electoral, vamos a trabajar de cerca, gane quien gane”, abundó.
“Estamos en una crisis socio-ambiental. De los 106 municipios, Mérida es el único que tiene agua las 24 horas. Si vamos a las comunidades mayas, podremos ver que las aguas están cloradas y ellos son quienes más lo padecen por la instalación de 508 megafábricas de cerdos y sólo 11 cuentan con los Manifiestos de Impacto Ambiental, si realmente cumplen con los requisitos básicos”, comentó.
Otros de los problemas de la entidad y que ponen en riesgo los recursos hídricos son la instalación de las cerveceras, las refresqueras, los mega desarrollos. “Este territorio kárstico está en riesgo porque cada vez vienen más industrias, porque al cerrar en el norte y centro donde no hay agua, aquí las autoridades les dan la bienvenida”, comentó.
La activista mencionó que han detectado una corrupción sistemática entre la Secretaría de Desarrollo Sostenible (SDS) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para dar autorizaciones al por mayor. “Por eso nos parece insólitos que haya candidatos, que a pesar de todo lo hecho en contra de los pueblos y medio ambiente, participen como si no tuviéremos memoria”, señaló.
Sobre la iniciativa de Ley Estatal del Agua, promovida por la representación legislativa de Movimiento Ciudadano, Cuauhtémoc Jacobo mencionó que en dicha propuesta ha sido manejada en lo oscuro, sin que tengan aportaciones de las comunidades y actores del cuidado del agua.
“Las iniciativas que hemos conocido a nivel estatal, que nos han hecho llegar, son algo de Ley de Aguas Nacionales de 1992. Es decir, no cambia el modelo de gestión de agua, continúa con el modelo de concesiones, de que el agua siga siendo una mercancía en lugar de que el agua tenga un enfoque de derechos humanos.
“Es una iniciativa donde no se considera el derecho humano al agua, a pesar de que está en el artículo 4 de la Constitución Mexicana. Si nos preocupa que detrás de estas propuestas hay intereses económicos y no esperamos nada bueno de estas propuestas, sino son resultado de las propuestas que han surgido de las comunidades”, precisó.
El doctor en ciencias antropológicas Rodrigo Llañes Salazar, del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (Cephcis) de la UNAM, mencionó que las autoridades están obligadas a informar a la sociedad la calidad del agua que se consume o muchos problemas ambientales como incendios, instalación de mega grajas porcícolas o siembre de soya transgénica. “Eso se puede hacer sin una ley estatal del agua”, dijo.
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