Después que fueron desalojados por elementos de la Policía Especial Investigadora (PEI) de las instalaciones de la Sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), profesores agremiados a esa organización exigen un alto a las violaciones y campaña de desprestigio orquestada por el dirigente sindical BJ Emanuel González Chávez.
La maestra Lilia Canul Naal, coordinadora de las protestas, dio a conocer que temen por su integridad por las acciones que han emprendido en contra de ellos, por lo que pidieron al gobernador Mauricio Vila Dosal y al comandante Luis Felipe Saidén Ojeda, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), proteger su integridad, pues lo único que han hecho es protestar por sus derechos laborales.
“No es posible que se haya permitido el despliegue de 60 elementos policiacos y 25 unidades para sacarnos de un edificio, en un conato de violencia, cuando somos seis trabajadores de la educación, cuatro mujeres y dos hombres”, comentó.
Los uniformados, relató, se presentaron en las instalaciones para hacer una diligencia del Ministerio Público y debían retirarse, a lo que los profesores aceptaron con la condición que los dejarán retirar sus pertenencias, a lo que los agentes aceptaron, pero después cambiaron de actitud y cometieron actos que podrían considerarse como violencia de género.
“Es lamentable que las autoridades se presten a este tipo de situaciones. 60 policías para desalojar a seis trabajadores de la educación, no somos delincuentes, hicimos nuestras manifestaciones pacíficas desde el 24 de junio en las instalaciones”, comentó.
Sobre la campaña de desprestigio y calumnias financiadas por González Chávez y el Comité de Negociación, la docente calificó dicha estrategia como denigrante. “Hay un daño moral, social, emocional y hasta psicológico por estas series de mentiras para dejarnos por los suelos ante la sociedad, nuestros alumnos y nuestras familias”, aseveró.
Los profesores acudieron la mañana de ayer miércoles al SNTE Sección 33 para solicitar asesoría jurídica, pero se encontraron las instalaciones cerradas con un letrero en el que se informa reanudan actividades hasta el 19 de agosto.
“Están acostumbrados a tirar la piedra y esconder la mano. Es desafortunado y triste que un dirigente sindical hablé de unidad y respeto, pero es una vergüenza denunciarnos por múltiples cargos como son privación ilegal de la libertad, despojo de casa-inmueble, amenazas, injurias, extorsión, robo, violencia, discriminación y los que resulten. Todo parece indicar que nos tienen puesto el pie en la cabeza para que no nos levantemos. Esto es violentar, insultar y una afrenta más a los trabajadores de la educación”, dijo.
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