El diputado panista Víctor Hugo Lozano Poveda insistió que las medidas aprobadas en el Congreso del Estado serán positivas para los burócratas y el Isstey
Tras aprobarse la nueva Ley del Instituto de Seguridad Social de Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán (Speidy) reconoció que tomaron las medidas para proteger y garantizar las pensiones y jubilaciones de más de 31 mil burócratas estatales, pero rechazaron que los derechohabientes sean los que paguen por el mal manejo de las anteriores administraciones.
Entrevistado sobre el tema, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, Víctor Hugo Lozano Poveda, mencionó que, ante la quiebra del organismo, hoy se cuenta con un marco jurídico que a los derechohabientes y sus familias les garantiza la viabilidad financiera para cobrar las pensiones y jubilaciones.
«Nosotros estamos seguros que estas medidas van a ser positivas tanto para la burocracia como lo es el propio Instituto; hay que recordar con mucha claridad, los pensionados y jubilados, no tienen ningún tipo de afectación, esto va afectar a las generaciones que ingresan, y a quienes llevan un tiempo trabajando sí, pero que se va a requerir un mayor esfuerzo, insisto para darle esa viabilidad a todos», afirmó el diputado por el Distrito 4 Local.
Sobre los amparos que pudieran presentar algunos sindicatos o derechohabientes contra el Congreso del Estado, el asambleísta señaló que «si hay algún amparo, si se llega hasta la última instancia y nos indican que hay una norma que no pueda llevarse a cabo, tendremos la posibilidad también de rectificar el camino y encaminarla para que esta pueda ser planteada de una forma diferente y poder producir un efecto positivo, aquí no se trata de quien tiene la razón se trata de cómo vamos a beneficiar a las familias».
Y en caso que se promueva algún recurso jurídico, el también coordinador de la Fracción Parlamentaria de Acción Nacional comentó: «nosotros tendremos que ser completamente observantes de la normativa y de lo que nos indique la autoridad».
Finalmente, en el nuevo ordenamiento, no se tocan los activos del Isstey ni la posibilidad jurídica de la enajenación, «eso es una facultad del propio fideicomiso y del Instituto a través de su Consejo».