Ordenan embargar las cuentas bancarias y bienes del Ayuntamiento de Mérida

«Tenemos nuestra mayor voluntad para no caer en el embargo»: Santander

El Juzgado Segundo de Distrito de Yucatán fijó para que, a las 17 horas de este miércoles, se embarguen las cuentas bancarias y bienes del municipio de Mérida ante el incumplimiento de pago a Banco Santander desde 2011 por 588 millones 761 mil 81 pesos con 17 centavos.
De no pagar ese monto, la orden de embargo será ejecutada para la ya no hay recursos legales que pueda presentar el municipio, pues se desprende de una sentencia emitida en 2014.
En 2014 el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, Felipe V Consuelo Soto, condenó al municipio de Mérida a pagar el adeudo al banco, ya que tanto el contrato como la transmisión de derechos eran legales.
Durante ocho años el Ayuntamiento atacó jurídicamente esta sentencia con recursos y amparos que finalmente no le fueron concedidos.
El 29 de julio pasado, la encargada del despacho en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil de Ciudad de México, Silvia Danae Pérez Segovia, emitió un acuerdo donde, se notifica que el municipio deberá pagar o procederá el embargo de bienes o cuentas.
Sin embargo, Santander informó que, si bien le asiste la razón jurídica, puso sobre la mesa esquemas de solución que eviten el embargo, a fin de no impactar al municipio y a la población.
«Tenemos nuestra mayor voluntad y nuestro equipo en la región está buscando un acercamiento con la Presidencia Municipal para no caer en el embargo y confiamos en que será posible lograr un acuerdo», expuso la institución bancaria.

Este litigio, según “El Economista”, se inició en marzo del 2011, cuando el ayuntamiento de Mérida firmó un contrato de arrendamiento con opción a compra de luminarias con la empresa AB&C Leasing, quien después transmitió los derechos de ese contrato a Banco Santander México, notificándolo al municipio.

Al cambio de administración, en 2012, la administración estatal notificó al banco que no cubriría las cuotas del contrato argumentando que el Cabildo no autorizó la transmisión de derechos.
Ante esa situación, la institución bancaria promovió una serie de litigios, pero el ayuntamiento continuó sin pagar.