Tanto las candidatas o las electas deben unirse para frenar esas acciones, recomendó la titular la Defensoría Pública Electoral
A raíz que la paridad está en rango constitucional, la violencia contra las mujeres ha incrementado. Creo, es necesario que mujeres candidatas y electas se unan para frenar un poco la violencia, comentó la doctora Marina Martha López Santiago, titular de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
«El ideal sería que las mujeres pudieran acceder a los cargos de elección popular sin que sufran ningún tipo de violencia», señaló la experta, quien fue entrevistada posterior a impartir la “Charla de diálogo de pueblos y comunidades indígenas”, organizado por el Tribunal Electoral del Estado (TEEY).
Se necesita mujeres empoderadas, para que ante cualquier tipo de violencia o intimidación promuevan juicios por la protección de los derechos ciudadanos en los Tribunales Electorales Federales y Estatales, comentó.
«Muchas veces las violentan de tal manera que las mujeres tienen miedo de promover un juicio porque creen les irá peor, las van a sancionar, señalar o el propio partido las va a vetar o les dirá que son conflictivas y no las dejarán participar como candidatas», ejemplificó.
Cuando los juicios lleguen a los Tribunales Estatales o Federales se tendrán que determinar si existen los elementos, que marcan las normas, para ver si es violencia política o no, abundó.
Un avance para que las mujeres consigan empoderarse en sus derechos político-electorales ha sido la instalación de los observatorios tanto en los gobiernos federal como estatal, así como aprobada “Ley 3 de 3 contra la violencia de género”.
«Esto hace que los partidos políticos o los otros candidatos o quienes ejercen violencia se vean inhibidos porque ya están siendo sancionados o aparezcan en la lista de violentadores políticos, lo que trae una consecuencia porque a la siguiente no podrán ser candidatos. Ya empiezan a tener un poco de temor, gracias a sentencias locales o federales», explicó.
Pese a que las acciones afirmativas en favor de la paridad o modificaciones a las leyes, hay una renuncia histórica para garantizar que las mujeres, principalmente quienes viven en comunidades indígenas, se les garantice participar en proceso electoral.
«A lo largo y ancho de nuestro país seguimos viendo que no se les permite participar a las mujeres. Existe la simulación. Llegan como síndica, presidenta municipal una mujer, pero quien ejerce es el marido, el hermano, un hombre, no hay una participación efectiva. Si hay avances normativos, pero tenemos que ir buscando que se incentive su participación y puedan ejercer los cargos sin violencia», comentó.
Sin embargo, advirtió que de manera reiterada y sistemática las mujeres están siendo violentadas diferentes medios, verbalmente, físicamente, la simbólica por las redes sociales digitales y «algunas han perdido la vida por ejercer un cargo público».
Cuando la mujer decide ejercer sus derechos político-electorales, también se enfrentan al estigma de la comunidad, en el caso de las mujeres indígenas porque no se les permite contender si no tienen el permiso del papá, del esposo o de un varón, pintas de bardas o señalamientos.
Otro modo de violencia que han notado es que los hombres utilicen a otras mujeres para atacar a las candidatas. «Desde la defensoría, también hemos visto mujeres ejercen violencia política en contra de otras mujeres. Presidentas municipales no permiten que otras mujeres se vayan de licencia de maternidad», señaló.
Sobre la reforma político-electoral, aprobada el pasado 9 de agosto, en el que los partidos políticos tienen que postular a mujeres en 15 de los 30 municipios más poblados de Yucatán, la doctora López Santiago comentó que lo ideal es que participan de manera efectiva. «Es decir, desde que son candidatas y cuando lleguen al cargo público lo ejerzan sin ningún tipo de violencia», reiteró.
La entrevistada recordó que las mujeres o quienes consideren o sientan que sus derechos político-electorales están siendo vulnerados, pueden recurrir a la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde los asesoran y ayudarán a promover juicios de manera humana.
En el caso de Yucatán, que cuenta con una Defensoría Estatal, organismo descentralizado del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), la titularidad debe recaer una persona con conocimiento en las materias de impugnación y electoral.
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