Tras presentar una denuncia social ante la Profepa, impiden un mega desarrollo inmobiliario
Ejidatarios y vecinos de Ixil dieron a conocer que ganaron una demanda social contra Gamkov Desarrollos, empresa encargada del mega desarrollo inmobiliario Aludra, con el que se pretendía despojarlos de 712 hectáreas de selva maya de ese municipio.
En rueda de prensa realizada ayer jueves, los pobladores informaron que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró una obra, pues los promotores habían comenzado a talar selva para abrir caminos sin contar con ningún permiso de las autoridades ambientales.
El ejidatario Jorge Yam señaló Mario Hugo Resenda Vergara, quien se ostentó como representante legal del desarrollo, se negó a recibir la orden de inspección de Profepa, pues alegó que su empresa no es propietaria de dicho desarrollo.
Gamkov, en una primera etapa, vendió lotes para construir una nueva ciudad en un área de selva, donde no hay los servicios de agua potable, drenaje ni alumbrado público. Sólo en la primera etapa, la empresa generó un ingreso por 65 millones 845 mil pesos.
Beatriz Garrido Vallejos, vecina de Ixil y esposa de un ejidatario, calificó esas transacciones como un fraude, pues las tierras no le pertenecen y en los lotes no hay nada. «Ya vendieron la primera fase completa y están vendiendo la segunda fase. No cuentan con autorizaciones ambientales y entran a abrir caminos. Y cuando llega Profepa, dicen que no es su desarrollo», comentó.
Por su parte, Sergio Oceransky Losana, de la Fundación Yansa, destacó la valentía de los pobladores de Ixil, quienes han detenido que la privatización ilegal de 5300 hectáreas de tierras ejidales, frenado dos megaproyectos eólicos que pretendían instalarse en esas tierras despojadas, e impedido que las familias Abimerhi y Millet ocuparan ilegalmente 260 hectáreas.
En otro tema, solicitó a las autoridades que intensifiquen la búsqueda del Ricardo Lagunes, abogado defensor de los habitantes de Ixil, quien fue secuestrado con un líder líder indígena en Michoacán el 15 de enero.
«Varias comunidades mayas, a las que Ricardo ha representado en procesos legales, hicieron una protesta el viernes 27 de enero frente al Tribunal Unitario Agrario para demandar que se intensifique la búsqueda para que presenten a su abogado con vida, y hoy reiteramos esta misma petición», concluyó.
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