El diputado Gaspar Quintal señaló que es correcto regular la actividad notarial, pero se debe tener sumo cuidado de no sobrepasar y de esta manera evitar el sometimiento a la discrecionalidad de funcionarios menores del Gobierno del Estado
La Fracción Legislativa del PRI votó en contra de la reforma enviada por el Ejecutivo a la Ley del Notariado, ya que provocaría la burocratización de los servicios notariales, las sometería a la discrecionalidad de funcionarios menores y engrosaría las atribuciones de la Consejería Jurídica, impactando de manera negativa a la ciudadanía que requiere de los servicios de los Notarios Públicos de Yucatán.
El coordinador de la bancada priísta, Gaspar Quintal Parra, recalcó que durante el análisis de la iniciativa en la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso local no se tomó en consideración gran parte de las 14 propuestas que presentó, a pesar de que estaban sustentadas en la experiencia y conocimientos de los notarios.
Es decir, no se incluyeron las aportaciones de quienes realizan la función notarial con alto nivel de profesionalismo y ética, las cuales impulsó el PRI por su apego al derecho, su contenido lógico, coherencia y viabilidad en cada una de ellas.
En ese sentido, advirtió que el dictamen aprobado en el Congreso local sometería la función notarial a la discrecionalidad de la administración, corriendo un alto riesgo de burocratizar y, de igual manera, engrosando las atribuciones del Poder Ejecutivo.
“Coincidimos en que regular la actividad notarial es correcto, pero se debe tener sumo cuidado de no sobrepasar esa regulación, al grado de llegar a someterla a la discrecionalidad de funcionarios menores del Poder Ejecutivo”, sostuvo Gaspar Quintal en la Tribuna del Congreso para justificar el voto en contra del PRI.
Lamentó que no se contempló la propuesta de dotar de autonomía al Colegio Notarial ni el uso de mecanismos alternos de resolución de conflictos, o su participación en el proceso de queja, contemplando únicamente la conciliación a cargo de la Consejería Jurídica.
El diputado de igual forma criticó que la reforma faculta a la Consejería para “verificar” la capacidad física o mental de un notario, a pesar de haberse cuestionado el propio perfil de esta dependencia, sin considerar que ese sería un asunto de un profesional de la salud y no de una simple apreciación personal. Además, el dictamen no garantiza la secrecía de las escrituras, ni mecanismos para su reserva, el secreto profesional y la confidencialidad de los actos y contratos.
Por otra parte, lamentó que se estableció la aplicación de un examen psicométrico a los aspirantes a notario, a pesar de no ser una medida idónea para evaluar y que incluso se trataría de una disposición inconstitucional.
“Creemos firmemente en la función social del notariado de Yucatán, en su capacidad, e integridad en sus actuaciones y en su aporte para recabar impuestos que contribuyen al buen funcionamiento del servicio público y en la certeza que a través de sus servicios se brinda a la ciudadanía. Gobernar es garantizar eficiencia, eficacia, transparencia y calidad en la provisión de bienes y servicios públicos; y una gobernanza requiere fortalecer sus funciones considerando a la ciudadanía, sobre todo, quienes ostentan probidad, honestidad y conocimientos, con la debida intervención gubernamental sólo en casos que sea justificado”, finalizó.
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