Profesores y personal administrativo de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) suspendieron actividades ayer viernes para exigirles a las autoridades educativas que sean homologados con el sistema nacional, lo que permitiría que cuenten con mejores condiciones laborales.
“Se tardaron 22 años en reaccionar los compañeros, pero lo hicieron”, señaló Eddie Baeza Aranda, secretario general de la Sección UTM del Sindicato Nacional de Educación Superior (SNES). “Tenemos un rezago de condiciones laborales y de sueldo entre 30% y 100% del sueldo, los administrativos son los más afectados”, abundó.
La protesta tuvo por objetivo que las nuevas autoridades sepan que heredan un problema que requiere atención. “Tenemos la esperanza que el gobierno de Joaquín Díaz Mena pueda resolver este problema histórico con las universidades”, abundó.
“Ya llevamos muchos años luchando para que nuestras condiciones laborales como maestros de educación superior sean iguales al resto de los docentes federalizados en educación superior”, comentó.
Al no estar reconocidos en el sistema federalizado, no reciben las prestaciones laborales y no los bonos. “Además, hemos sido olvidados por las autoridades estatales. Es un problema añejo, pero con esta administración tratamos de buscar el diálogo y la solución, pero fuimos ignorados, nunca se nos resolvió y la situación va empeorando”, dijo.
La infraestructura de la UTM cada vez es peor por lo que los alumnos resienten las fallas de energía eléctrica y falta de agua potable. “La Universidad está perdiendo competitividad porque no se atiende esté tipo de universidades”, afirmó.
Al paro también se sumaron las otras universidades tecnológicas con sedes en Peto, Tekax, Ticul, Tizimín, Oxkutzcab, Maxcanú, Izamal y la Universidad Politécnica de Yucatán (UPY). “Este problema es en todo el país y queremos que se acabe esta discriminación y queremos ser un sistema homologado federalizado”, dijo.
Baeza Aranda reconoció la apertura del diálogo que tuvieron con las autoridades entrantes, muy diferente a las salientes que recurrieron a las amenazas y poner la situación tensa. “Tenemos las esperanzas que con el nuevo gobierno, las cosas mejorarán”, afirmó.
Este problema perjudica a mil 200 profesores y ocho mil estudiantes de Yucatán, por lo que los docentes y personal administrativos exigieron un contrato colectivo de trabajo con las condiciones básicas para trabajar en un ambiente de estabilidad, diálogo con las autoridades y un perfil académico en la dirección de las universidades para mejorar las situaciones a corto.
Pero, advirtió que sin las autoridades locales no cumplen con los acuerdos, las protestas van a continuar porque primero está el bienestar de los estudiantes.
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