Reformas del presidente AMLO son demagogia y contradicción
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“La misma persona que nos habla de democracia, practica autocracia”, señaló un constitucionalista
Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, opinó que el paquete de reformas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó de manera extemporánea, pues los cambios que quiere hacer debió proponerlos al principio de su gobierno, no al final y puede suponerse que se trata de una estrategia electoral.
El doctor en Derecho comentó brevemente sobre algunas propuestas enviadas por el Poder Ejecutivo al Legislativo, entre ellas la elección de los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial mediante el voto popular. “¡Es un acto de demagogia! Pero, el señor presidente se contradice”, señaló.
“Tal como lo plantea el presidente, 1,700 ministros, magistrados y jueces quedarían cesantes y los 1,700 cargos serían elegibles. Si la elección de quienes ejercen funciones públicas fueran garantía de idoneidad, por qué el presidente descalifica sistemáticamente a los diputados y senadores, que fueron elegidos popularmente y los califica de reaccionarios, incompetentes y corruptos, quiere decir que, desde la perspectiva del presidente, la elección no es una garantía, ni de honorabilidad, ni competencia, ni progresismo”, comentó.
“Al decir que los jueces, para que sean del pueblo, deben elegirse es un argumento falaz. También tendría que reconocer que los diputados del PRI, PAN, PRD son representantes legítimos del pueblo y todos los días dice lo contrario. No hay una relación de consecuencia con sus argumentos y propuestas”, dijo.
El investigador consideró que hace falta una reforma para el Poder Judicial. “Por ejemplo, la designación de los ministros. Acabamos de ver que el presidente designó a una maestra de forma exclusiva, porque la forma de la presentación y como dispone la Constitución que dos ternas rechazadas, el presidente tiene la facultad de nombrar al ministro es profundamente antidemocrática”, expuso.
“El presidente pide que elijamos a los ministros, pero no permite que los legisladores, representantes del pueblo, lo hagan. De modo, que la misma persona que nos habla de democracia, practica autocracia en la designación de una ministra”, mencionó.
Medida antidemocrática
La reducción de 500 diputados a 300 y de 128 senadores a 64, es una medida regresiva y antidemocrática porque dejaría a un gran número de mexicanos sin representación en el Congreso, consideró el constitucionalista. “En Yucatán, supongamos, se presentaron siete planillas para el Senado y ganó una con el 25% de las votaciones y las otras seis se repartirían el 75% restantes, y al no tener senador, se querían sin representación en la Cámara Alta”, ejemplificó.
“Actualmente, con la representación que se tiene en la primera mayoría, primera minoría y la Lista Nacional de representación proporcional, la representación de cada población en el Estado es mucho mayor. El presidente plantea discriminar al resto de los ciudadanos”, explicó.
En la Cámara de Diputados, abundó, se establece un nivel de sobre-representación o sobre-representación que oscila entre el 6% y 8%, con la representación mayoritaria y borrando a los legisladores de representación proporcional los niveles de sub y sobre-representación de la población. “Esa reforma es conservadora, reaccionaria y anti-democrática”, expresó.
Pensiones al 100%
Si el presidente quisiera que los pensionados y jubilados reciban sus pensione al 100% puede hacerlo, porque es un asunto de ley, no es materia constitucional, opinó. “Eso no lo tiene que poner en la Constitución, lo plantea así porque sabe que no cuenta con los dos tercios requeridos para reformar la Carta Magna. Entonces, atribuirá a las oposiciones la resistencia de una hipotética mejoría social”, dijo.
“Los párrafos sobre esos temas, no están modificando la Constitución, la están adicionando. Pero, en el artículo 1 de la Constitucional se establece la universalidad y progresividad de los derechos fundamentales, de manera que si en una ley se establecen derechos adicionales a los que la Constitución establece, esos derechos son vinculantes y no son impugnables”, especificó.
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