La diputada panista Carmen González Martín señaló que lo aprobado por el Senado, así como la ley “3 de 3” tienen por propósito proteger los derechos de las niñas, los niños, adolescentes y las mujeres
Mérida, Yucatán, a 27 de marzo de 2023.– La aprobación de la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, en la Cámara de Senadores, no busca satanizar a las personas que adeudan la pensión alimenticia, si no que se pongan al día con el pago y defender los derechos de los menores de edad, afirmó la diputada Carmen González Martín, presidenta de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación el Congreso del Estado.
«Hay que buscarle el lado positivo a la reforma. Quien no esté al día con su pensión y la pague. Puede haber casos de padres desajenados de los hijos y de la pensión, no se podrá cambiar ciertas formas de pensar y atender a los hijos. Estamos enfocados en garantizar que quienes no se pongan al día, lo hagan y en menos de seis meses veremos los resultados», comentó.
Los deudores alimentarios, tras la aprobación del Registro, no podrán obtener licencias y permisos para conducir, pasaporte o documento de identidad y viaje; para participar como candidatos a cargos concejiles y de elección popular, así como participar en procesos de selección para asumir el cargo de juez o magistrado en el ámbito local y federal.
«Para que la credencial del INE se pueda entregar a la persona que no sea deudora alimentaria es una gran aportación porque hoy día en cualquier trámite o proceso es el documento requerido», consideró la asambleísta panista por el Distrito 13, quien fue una de las promoventes de la iniciativa de la “Ley 3 de 3 contra la violencia de género”.
La entrevistada recordó que desde la iniciativa se planteó la posibilidad que los deudores alimentarios morosos no puedan competir a cargos de elección popular ni por designación en los gobiernos municipales y estatal, ni en organismos autónomos locales.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la votación unánime que realizaron los integrantes de la Legislatura 63 del Congreso del Estado, pues la ombudsperson Rosario Piedra Ibarra expuso que lo anterior no era un recurso exigible para ocupar un cargo en la administración pública.
«Cuando la CNDH promovió el recurso de inconstitucionalidad, precisamente en el tema de deudores alimentarios, nosotros dijimos: “Se está vulnerando el derecho de las niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos” y también los derechos de las mujeres», argumentó la legisladora, quien señaló que Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló en favor del Poder Legislativo Local.
Lo aprobado en la Cámara Alta da pie a que se reformen otras leyes, pues en Yucatán, con la aprobación de la “3 de 3”, sólo se modificaron cuatro leyes secundarias y faltan otras más trabajar. Será el turno de cada fracción o representación parlamentaria trabaje en las propuestas de reforma, comentó.
Sobre el Padrón Estatal de Deudores Alimentarios, que planteó la “3 de 3”, la parlamentaria mencionó que es necesario, pese al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. «Pero al no conocer cómo se hará dicho registro. Yo creo que viene una reforma más profunda en cuanto a este asunto», dijo.
Precisó que a nivel estatal ya existe un padrón, que está a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE). «Entiendo que el trámite se puede hacer en línea, si estás en el Registro de No Deudor de Alimentario Moroso. El único detalle es que no es público y habría que ver si se puede hacer público».
Por protección de datos personales y de los derechos humanos, señaló, dicho padrón no puede hacerse público, de ahí que muchos aparezcan como presuntos deudores alimentarios.