Cuando un obrero muere, la empresa se deslinda de esa responsabilidad argumentado que el alarife no usó protección cuando no es así, comentó Eusebio Moo Tec
Las dos muertes de alarifes, menores de edad, es una muestra de que la pobreza crece cada vez más en Yucatán; pues los adolescentes abandonan sus estudios y municipios de origen para trabajar en empresas constructoras, cuyos dueños se aprovechan de la ignorancia de estos niños, que desconocen sus derechos laborales y les pagan un salario de hambre, comentó Eusebio Moo Tec, secretario general del Sindicato de Terraceros y Trabajadores de la Construcción.
El entrevistado propuso que las autoridades municipales y estatal y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) deben garantizar la protección de los obreros para prevenir los accidentes. «Antes de licitar una obra, deben supervisar que la empresa cumpla con asegurar a los albañiles para que, en el caso de algún deceso, la familia no se quede al aire. Las empresas se quitan una responsabilidad, porque los gobiernos no las obliga a proteger a esa gente que llegó para trabajar».
También el IMSS, en su opinión, debe cumplir con que las empresas aseguren a los alarifes y aquellas que no cumplan con su deber sancionarlas. «Solamente aplicando la Ley Federal del Trabajo, las empresas cumplirán con sus obligaciones».
Cuando mucho, añadió, de tres o cuatro empleados dedicados a la construcción cuenta con la seguridad social. «Cuando mucho, incluyendo a los supervisores de la obra».
El dirigente sindical aseguró que las empresas licitadas por los gobiernos estatal y municipales pueden pagar sueldos dignos y asegurar a los obreros, si no se continuará con la práctica de los moches. «En las casitas que hacen en el interior del Estado, cuestan entre 70 mil y 80 mil pesos. Al trabajador le pagan, cuando mucho, $15 mil y $16 mil. No pagan ni siquiera el 40% sobre el presupuesto que manejan», ejemplificó.
En promedio, comentó, un albañil debe tener un sueldo promedio de 600 pesos diarios, que aun así es muy poco para las actividades que realizan. Además, las empresas incumplen con proporcionales los insumos necesarios para la protección de los obreros, cuando sucede una tragedia es más fácil decir que los albañiles no quisieron usar el material para su auto-cuidado.
Además, al no existir un tabulador de sueldos que rija a las constructoras genera que la mano de obras del interior del Estado migre a Mérida o a Quintana Roo para buscar mejores condiciones laborales.
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