Después de valorar las pruebas periciales, documentales y testimoniales aportadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), C.A.Q.S., fue encontrada penalmente responsable del delito de robo calificado y sentenciada a ocho años de prisión privativa de la libertad, por apoderarse de diversas cantidades de dinero, mientras era administradora de un negocio.
En audiencia de individualización de penas, el Tribunal Unitario Segundo de Enjuiciamiento sentenció a la acusada además de a la pena privativa de la libertad, al pago de la reparación del daño, fue amonestada públicamente, le fueron suspendidos sus derechos políticos y no podrá acercarse a la víctima por tres años más después de compurgar la pena de prisión.
Durante la etapa inicial, que se desahogó en el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial, los fiscales de litigación establecieron que la sentenciada comenzó a trabajar como administradora general de un negocio de venta y distribución de artículos en enero de 2020 y dejó el cargo en agosto de ese mismo año, para posteriormente presentar su renuncia voluntaria, momento en que fueron detectados los movimientos económicos que había realizado aprovechando el poder del que disponía para tener acceso al dinero de los denunciantes.
Cabe precisar que mientras estuvo trabajando, la encausada aprovechó su funciones para apoderarse de diversas cantidades de dinero que le eran entregadas para compras extraordinarias a proveedores, además de disponer del control de los bienes de las cuentas bancarias de los socios comerciales, por lo que aprovechó para realizar diversas transferencias en perjuicio del patrimonio de los afectados, hechos que fueron denunciados ante esta fiscalía y que dieron origen a la causa penal 253/2021.
Antes de concluir la audiencia, se convocó a las partes involucradas para el próximo 22 de marzo, fecha en la que se realizará la lectura y explicación de la sentencia.
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