«Nosotros si queremos luchar para garantizar las condiciones generales de los trabajadores», afirmó la secretaria general Luisa Martín Puc
El Sindicato Progresista de los Trabajadores del Poder Judicial del Estado de Yucatán presentó una demanda ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios con el propósito de ser la agrupación mayoritaria de las tres existentes y garantizar los derechos laborales de los agremiados.
La secretaria general de dicho gremio, Luisa Inés Martín Puc, pidió al Sindicato Único de Profesionistas, Administrativos y Manuales del Poder Judicial que actualice la cifra de agremiados, es decir, a los 445 que dice tener, que le reste los 90 socios que se cambiaron a otra agrupación y depure del padrón a quienes no deben estar como los 25 jueces.
De aplicarse la depuración del padrón, el Sindicato Único se quedaría con 330 y el Sindicato Progresista sería el mayoritario con 369 trabajadores.
Esto, según Luisa Martín, permitiría que puedan conseguir las condiciones generales que las otras agrupaciones no han conseguido. «Nosotros si queremos luchar para garantizar las condiciones generales de los trabajadores; porque, con la aprobación de la reforma al Poder Judicial, la estabilidad de los empleados es perjudicada», comentó.
«Queremos defender los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. No ser un sindicato más como todas las organizaciones de los servidores públicos que están alineadas a las decisiones del gobierno, queremos defender a la base trabajadora del Poder Judicial», aseveró.
Con la demanda interpuesta esta mañana implica que se detenga la conformación de la Comisión de Conflictos, en el Pleno del Poder Judicial, como estipula la reforma aprobada, y que el Sindicato Progresista tenga participación al tener mayor número de agremiados.
Luisa Inés Martín reconoció que hay un panorama para los trabajadores del Poder Judicial es incierto, luego de una reunión con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y Consejo de la Judicatura, María Carolina Silvestre Canto Valdés, quien le comentó que no es seguro que les aumenten el 3% en los salarios, cuando en la reforma aprobada por el Congreso del Estado ya se estipulaba.
«Todavía van analizar que porcentaje nos van aprobar. Si hubiera las condiciones generales, ahí se estipularía el incremento de salario cada año y que sea en beneficio de la clase trabajadora. Lo único que vemos, con la nueva ley del Isstey, es que vamos a ganar menos», comentó.
Las condiciones generales también incluyen bonos para el Día de la Madre o Padre, fin de año, que con el paso del tiempo ha disminuido de 25 a siete o 10 días, según apruebe el Pleno del Tribunal y el Consejo de la Judicatura.
La dirigente sindical externó su preocupación que decidan eliminarles las prestaciones y derechos conquistados por sus compañeros. «No hay condiciones generales que garanticen nuestras prestaciones. Queremos luchar por más beneficios de la clase trabajadora», expresó.
Los despidos en el Poder Judicial ha sido una constante, pues la nueva administración se ha ido por prescindir de las jefaturas y colocar a su gente «con sueldos exagerados».
Por otra parte, los actuarios trabajan en vehículos de 2007, que están «destartalados, se les caen los retrovisores, les dan 500 pesos de gasolina para la semana, cuando el Código de Familia nos dice que el actuario tiene que dar las vueltas cuando la persona esté notificada. Mis agremiados temen que suceda algún accidente, hasta que no muera un actuario no pondrán fin a esto.
«La magistrada debería enfocarse en temas de primera instancia en la impartición de justicia», señaló. «Le dije (a Carolina Valdés) cómo es posible que la administradora (Mercedes Gómez Brito) le otorgue 500 pesos para un vehículo que se usa en la mañana, tarde y noche hasta que den con la persona. Eso lo hacen porque no conocen la carrera judicial», señaló.
E insistió: «La administradora es alguien que no entiende la carrera judicial, ha sido demandada por los despidos injustificados y se presentó una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) por la insensibilidad tanto de las labores jurisdiccionales y no escuchar las necesidades de los trabajadores».
A pregunta expresa, Luisa Martín confía en que se construirán los juzgados de primera instancia para impartición de justicia. «Si se prestaron a crear las magistraturas, que no son necesarias, como si lo son los juzgados».
Algunas irregularidades cometidas por la nueva administración del Poder Judicial son el despido de 30 trabajadores durante 2022, cuyas demandas ya fueron presentadas en septiembre y promoverán los amparos por silencio administrativo, pues hasta la fecha no tienen respuesta
«Hay un miedo al despido de más empleados. Los compañeros prefieren estar callados y seguir viviendo estás atrocidades. Con eso no pueden desempeñar su trabajo de la mejor manera», concluyó Luisa Martín.
About The Author
Publicaciones relacionadas:
La detección oportuna de enfermedades raras con el tamiz neonatal metabólico ampliado
“La gran conjunción”, un fenómeno astronómico que se apreciará en Yucatán
Asociaciones civiles salen al quite para garantizarle los medicamentos para los niños con cáncer
Educación Dual impulsa el futuro laboral de jóvenes yucatecos
