Esta mañana, un grupo de socios de la Alianza de Camioneros de Yucatán (ACY) se congregó frente al recinto del Ejecutivo estatal para solicitar la intervención de las autoridades del estado en el conflicto que atraviesa esta sociedad.
Juan Carlos Ancona Solís, uno de los socios inconformes, recordó que su principal demanda hacia la ACY es el pago de la liquidación de las concesiones que ya han sido transferidas a otra empresa. Además, destacó que 40 socios tienen sus unidades detenidas desde hace un año y cuatro meses debido a irregularidades y malos manejos por parte de Arturo Rodríguez Berzunza, quien aún ocupa el cargo de presidente en la ACY.
El presunto fraude facturero, valuado en más de 15 millones de pesos y atribuido a directivos de la ACY, continúa sin resolución en la Fiscalía General del Estado (FGE), según denunciaron los socios de la empresa de transporte público de pasajeros.
En una manifestación realizada en la plaza principal de Mérida, los socios expresaron su frustración por la falta de avances en las investigaciones y afirmaron estar a la espera de las decisiones del juez respecto a este caso.
Desde el descubrimiento de las presuntas anomalías relacionadas con el presidente de la ACY, Arturo Rodríguez, y el tesorero, Alfonso Ramírez Ojeda, se han interpuesto cinco denuncias penales tanto a nivel común como federal, así como acciones civiles, y se anticipa la presentación de otras dos.
El representante de los trabajadores de la ACY, Gabriel Tamayo Duarte, expresó su preocupación por la lentitud en las investigaciones, señalando la existencia de pruebas en manos del Ministerio Público, pero lamentando la falta de avances en la investigación, calificando la situación como «empantanada».
Ante este panorama, los socios exigieron la intervención del gobierno estatal para garantizar que se haga justicia en este caso.
De los 200 socios que conforman la ACY, solo el 10 por ciento ha tomado medidas legales hasta el momento, lo que refleja la gravedad del conflicto y la urgencia de una resolución adecuada por parte de las autoridades competentes.
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