Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó tres reformas importantes para la sociedad yucateca como son: la nueva Ley de Adopciones para Niñas, Niños y Adolescentes, Ley de Identidad Trans y la modificación al Código Penal en materia de bienestar animal.
Durante la discusión para expedir la Ley de Adopciones de Niñas, Niñas y Adolescentes del Estado de Yucatán, modificar el Código de Familia para el Estado de Yucatán, y derogar el artículo sexto transitorio de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, la diputada Carmen González Martín usó la tribuna para posicionarse en favor del dictamen.
“Estamos trabajando por la consolidación de familias, pero sobre todo por la procuración de justicia de niñas, niños y adolescentes a acceder a un núcleo seguro, de confianza y desarrollo. Que sean escuchados, que sean acompañados, pero sobre todo que estén informados en todo momento de los entornos y condiciones que se procuran para integrarse a una nueva familia”, señaló.
Ley de Identidad Trans
También se aprobó por unanimidad, la modificación a la Ley del Registro Civil para el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. Es decir, este sector de la población ya no tendrá que recurrir a juicios de amparo, procedimientos judiciales tardados y costosos para tramitar una nueva acta de nacimiento.
En representación del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Karla Franco Blanco, comentó: “Un procedimiento ágil y sencillo, pero, sobre todo un procedimiento que garantice, que la autodeterminación sea el único elemento para determinar la identidad de las personas, sin que se requiera de una prueba pericial o dictamen para la comprobar la reasignación de sexo”.
La congresista promovente de la iniciativa precisó que Yucatán se sumó a las 21 entidades federativas que han regulado dentro de sus normativas el reconocimiento a la identidad de género. “Esta reforma marcará un antes y un después en nuestra sociedad, dando un paso fundamental hacia la inclusión, el respeto por la diversidad y la justicia social”, aseveró.
También a favor, la emecista Gabriela González Ojeda dijo que con la aprobación del dictamen “se fortalece el reconocimiento al derecho constitucional de la identidad de cada persona, se garantiza el respeto a los derechos humanos y se blinda el libre ejercicio de la personalidad e identidad de género en Yucatán”.
La crueldad animal tipificada como delito
En relación con la modificación al Código Penal en materia de bienestar animal, llamada coloquialmente como “Ley Rufo”, tipifica el delito de crueldad animal y establece las conductas que lo configuran con el objetivo de imponer sanciones contra quienes cometan estos actos inhumanos y antisociales.
El diputado panista Jesús Pérez Ballote, promovente de la iniciativa, señaló que “la reforma incrementa las penas para que sean realmente ejemplares, con multas onerosas y hasta 10 años de prisión, aplicando todo el rigor de la ley, con lo que se busca combatir de manera contundente la violencia hacia los animales”.
“La ‘Ley Rufo’ será un logro significativo, aunque no suficiente”, reconoció. “En la modificación, a su vez, se plantea la ampliación en la protección a las especies animales, ya que en la legislación penal vigente solo se puede cometer crueldad contra animales domésticos, mientras que la redacción de la ‘Ley Rufo’ abre el término para proteger a todos los seres sintientes, incluidos animales en situación de calle, animales ferales, animales de guía y asistencia, e incluso animales silvestres”.
Exhortos
Durante los asuntos generales, la diputada morenista Fabiola Loeza Novelo exhortó respetuosamente a los servidores públicos en funciones, que tengan una candidatura local o federal a solicitar la debida licencia a su cargo.
En ese mismo tenor, pidió al Ejecutivo Estatal apegarse a los lineamientos del INE y evitar la injerencia y/o participación de servidores públicas que manejan programas sociales en el Proceso Electoral Estatal, y que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se abstenga de realizar la entrega de programas sociales en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda.
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