Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los yucatecos reportan sentir una mayor sensación de inseguridad en los cajeros automáticos ubicados en la vía pública, así como en mercados y bancos. Por otro lado, se sienten más seguros en lugares como las escuelas, los centros laborales, las plazas comerciales y sus propios hogares.
Estos resultados provienen de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y reflejan las percepciones de seguridad en Yucatán. A pesar de que Mérida continúa siendo una de las ciudades más seguras del país, con solo un 27.1% de su población considerándola insegura para vivir, algunos lugares específicos generan preocupación.
En términos de seguridad, las escuelas encabezan la lista, con un 91.1% de los encuestados sintiéndose seguros en este entorno. Le siguen los centros de trabajo con un 90.7%, los centros comerciales con un 90.6% y las casas con un 88.5%.
Sin embargo, los cajeros automáticos en la vía pública son vistos como menos seguros, con solo un 65.3% de las personas sintiéndose seguras en estos lugares. Los bancos y mercados tampoco se perciben como lugares particularmente seguros, con un 70.2% de seguridad reportada en ambos casos.
En cuanto a las expectativas sobre la seguridad ante la delincuencia, un 37.1% cree que mejorará, mientras que un 42.3% piensa que se mantendrá igual de bien. El 5.4% cree que seguirá igual de mal y un 15.2% cree que empeorará.
El informe también revela que las principales conductas antisociales observadas por la población en Yucatán incluyen el consumo de alcohol en las calles (44.3%), robos o asaltos (31%), vandalismo (23.9%), venta o consumo de drogas (17.5%), bandas violentas o pandillerismo (10.2%), tomas irregulares de luz o «diablitos» (4.6%), y robo o venta ilegal de gasolina (huachicol) (3.2%).
La ENSU se realizó en el tercer trimestre de 2023 con el objetivo de generar información sobre la percepción de seguridad pública en la ciudad. Los resultados de la encuesta ofrecen información valiosa para la formulación de políticas públicas en materia de seguridad.
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